Por: Edwin Mosquera G.
De las remembranzas de los hechos pasados, de sus aciertos i yerros; la humanidad ha experimentado diversas excitaciones sociales que han culminado en eyaculaciones políticas beneficiando, o por lo menos eso se dice, al pueblo; en la gran Argentina se crearon las leyes de “Punto Final” (1986) y “Obediencia Debida” (1987) que fueron los instrumentos con los que el gobierno de Raúl Alfonsín buscó clausurar el tratamiento judicial de los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas y de Seguridad durante la última dictadura en Argentina (1976 1983). Sin embargo, las dos leyes excluyeron de los beneficios de la extinción de la acción penal a la apropiación de niños y niñas.
De la génesis de los gobiernos militares, han surgido un sinnúmero de procesos judicial que han sido vinculados a sus dictadores, pero que mal o bien han logrado generar estabilidad dentro de una nación, ahora bien, esta estabilidad estaba ligada a tomar decisiones que salieran del marco constitucional y de derechos como técnicas de subversión y opresión a quienes pretendían desestabilizar la inestabilidad de un gobierno a la fuerza.
A la voz de “pacificación” y la “reconciliación nacional”, se acallaban los gritos sociales de “juicio y castigo para todos los culpables”, pero aquí hay que recordar, el descarrilamiento social ligado a la anarquía sistemática, son temas que desestabilizan a un país, sumados a los hechos delictivos acompañan al cometimiento de un sinnúmero de infracciones penales, donde el estado deberá garantizar primero la seguridad ciudadana, que la de un sujeto alborotador, sin indicar que el para este caso el fin si justifico los medios utilizados, al igual que en la conciencia todo se olvida, en el archivo judicial de igual manera, puesto el criminalizar un acto que rescataba la soberanía no debe ser imputado a una acción penal.
Ahora bien, en nuestro país si bien es cierto no se han creado leyes a favor de la impunidad, pero tan absurdamente se han entregado indultos presidenciales y amnistías parlamentarias, que básicamente son peores, porque la ley de aplicación erga omnes no es susceptible de chantaje o coima, más la personalización de este pañuelo naranja siempre está ligado a un ámbito político, y a la final salen abantes escupiendo para atrás.