Edgar Renato Vargas Tanchimia, un joven profesional de la provincia de Pastaza, perteneciente a la nacionalidad shuar, denuncia haber sido víctima de ataque y agresión física por parte de un grupo de comuneros del sector Tsentsakentsa, ubicado en el cantón Taisha de la provincia de Morona Santiago.
Edgar Vargas, como profesional graduado en la UNIANDES, se destaca por sus conocimientos en informática, fue contactado para hacer un trabajo de instalación internet satelital y panel solar para la comunidad Tsentsakentsa, hasta donde se dirigió solo en su propia motocicleta. Pero al acercarse a la comunidad el pasado jueves 9 de enero, fue detenido a medio camino y sin previa investigación lo amenazan con arma de fuego, atacan, atan de pies y manos y proceden a un supuesto acto de justicia indígena.
En la mitad de la plaza hasta donde fue llevado, no hicieron caso de sus gritos y súplicas, señalando el motivo de su presencia en la comunidad para realizar los trabajos antes señalados, más continúan con el castigo se pretexto que muchas personas extrañas merodeaban por el sector conocidos como los “Corta cabezas”.
Luego de agredir físicamente, sin derecho a la defensa y sin darle la oportunidad de llamar a su familia y ni siquiera con la persona que lo contactó para realizar los trabajos en la comunidad. Más tarde, gracias a la intervención de la vicealcaldesa del Cantón Pastaza Jenny Moncayo, lo dejaron libre, señalando que se trató de un caso de justicia indígena.
Ante este hecho de violencia en las comunidades, la familia totalmente preocupada ha interpuesto una demanda ante la fiscalía general del Estado, para que se investigue este hecho de violencia y se castigue a los culpables. La constitución de la República en el Art. 171 menciona que las autoridades, pueblos y nacionalidades ejercerán funciones jurisdiccionales con base a sus tradiciones ancestrales, su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con la garantía de participación y decisión de las mujeres. La justicia indígena establecido en la Constitución sobre los derechos colectivos y tratados internacionales, claramente testifica que esta no puede atentar contra los derechos humanos y la vida de las personas. La justicia indígena tiene su debido proceso de investigar y es reparadora en caso de comprobarse estar implicado en algún caso de delito.
A la defensa de la familia, se han sumado otras personas como dirigentes de la comunidad a donde Edgar Vargas pertenece, también de Juan Tello quien señala conocer al joven destacado como un árbitro profesional a donde ha sido capacitado por su persona como presidente de la Asociación Amateur de Árbitros.