El 10 de agosto, un niño de 11 años perdió la vida en el río Puyo, en pleno paseo turístico. No había señalización, personal de control ni plan de contingencia. Lo ocurrido no es un accidente fortuito: es la consecuencia directa de la ausencia de políticas de seguridad en los balnearios de la ciudad.
Las declaraciones oficiales del Municipio son tan alarmantes como la tragedia misma: deslindaron responsabilidades y culparon a quienes ingresaron al agua. No hubo empatía, solo un mensaje que normaliza la muerte: “si no conoce el río, no se meta”. Pero precisamente por eso existen los planes de seguridad, para que quien no conoce un lugar pueda visitarlo sin riesgo mortal.
La ley es clara. El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), en sus artículos 54 y 55, asigna a los municipios la competencia de regular, controlar y garantizar la seguridad en los espacios públicos, incluyendo los ríos usados con fines turísticos. La Ley de Turismo establece que todo atractivo turístico debe contar con medidas de seguridad y planes de contingencia. Incluso la Ley de Gestión de Riesgos obliga a las autoridades locales a prevenir y mitigar peligros previsibles en su territorio. No se trata de voluntad política, sino de una obligación legal.
Resulta irónico que se intente posicionar el río Puyo como balneario “descontaminado” mientras no existen plantas de tratamiento de aguas residuales plenamente operativas. Se vende una imagen de agua limpia sin respaldo técnico independiente, atrayendo a turistas a un espacio que no está preparado para recibirlos con seguridad.
Esta tragedia pudo evitarse. Mientras no se asuma la responsabilidad institucional y legal de garantizar que los espacios turísticos sean seguros, el río seguirá siendo un escenario de riesgo. El turismo responsable comienza por cuidar la vida, y la vida debe estar por encima de cualquier interés promocional.
Por: Diego Escobar