El GAD Provincial de Pastaza ha dispuesto el cobro de un nuevo impuesto a todos los ciudadanos que van a matricular sus vehículos. Lo llaman tasa para el mejoramiento de la red vial, y el valor para los carros livianos es de 12 dólares, para los carros pesados 24 dólares, mientras que los taxis quedan exentos del pago.
El argumento es que la ley los faculta, ya que es una de las competencias del GAD. Dicen que existe una Ordenanza desde el año 2013 aunque nunca se aplicó, y que se lo aplica recién ahora debido a una Resolución de la ANT que les faculta hacerlo. Lo que no dicen es que es el GAD Provincial el que define el valor de la tasa, así que si quisieran podrían disminuir esa tasa que es de por sí excesiva.
Dicen que no es un impuesto sino una tasa, aunque una tasa al igual que un impuesto es un tributo. La diferencia es que una tasa se paga a cambio de un servicio. ¿Cuál es el servicio específico que está dando el GAD Provincial en este caso? Dicen que no es impuesto pero en la práctica es lo mismo.
Algunas cosas no quedan claras sobre este tributo, ¿para qué más impuestos o tasas si de por sí los ciudadanos pagan demasiados tributos al momento de la matriculación?
¿El impuesto al rodaje que es entregado al GAD Municipal no es suficiente? ¿Cuál es el sustento técnico para cobrar 12 dólares a los vehículos particulares? ¿Si en verdad necesitan cobrar la tasa, por qué tiene que ser de 12 dólares? Y ¿por qué los taxis que son los vehículos que más circulan por la red vial no tienen que pagar este tributo?
De igual manera, queda la duda ¿por qué no socializan adecuadamente las medidas que toman? Hacen falta más espacios de participación ciudadana donde se ponga en conocimiento de la ciudadanía todas las iniciativas que nos pueden afectar y debatir al respecto. ¿Por qué estas cosas no las mencionaron en sus campañas electorales?
Finalmente, ¿a dónde va el dinero que se recaudará con esta tasa? Si ya existe un presupuesto para mantenimiento vial, y es a lo que más se destinan recursos por parte de la Prefectura actual. ¿Tenemos garantías los ciudadanos? No lo sabemos ya que no existe un mecanismo de gobierno abierto que nos permita saber a dónde va cada centavo del presupuesto público del GAD y del dinero entregado con estas tasas. Sin esa información, ¿cómo fiscalizar adecuadamente el uso de los recursos públicos que nos pertenecen a todos?
En fin, una medida más tomada sin consenso, sin participación ciudadana, con poca socialización y cuyos resultados finales no podremos conocer con exactitud.
Lic. André Granda
Politólogo