Desde el período de discusión y aprobación de la LEY ORGÁNICA PARA LA PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA, hubo diversas voces que señalaban en ella varios errores. El reparo mayor se lo hacía en lo referente al uso del Fondo Común. Mientras que para el Fondo de Desarrollo Sostenible Amazónico se precisaba con porcentajes las asignaciones a ser distribuidas, en el caso que hoy nos ocupa, se limitaron a hacer divagaciones e inclusive, para llenar artículos me imagino, se incluyó literatura que la hizo confusa y, que al final del día le resta recursos a nuestra región.
A pesar de todo, se aprobó, e inmediatamente se procedió a la estructuración de los organismos que la Ley determinó: el Consejo de Desarrollo Amazónico y la Secretaría Técnica de la CTEA. No insistiremos en los pormenores de su conformación, sino en sus resoluciones que es lo que lo que nos interesa, y afecta:
Empezaron, en base a lo elaborado por la Secretaría Técnica de la CTEA, aprobando un Reglamento Para los Lineamientos de Priorización de Asignación de los Recursos del Fondo Común y Modelos de Incentivos, mismo que se publicó en el Registro Oficial N.º 397 del 2 de enero del 2019. Disponía, de manera magnánima, que los proyectos podían ser presentados hasta el 31 de enero ¿de qué año creen? Del 2019. Y, generosamente decidieron que los recursos que no hubieren sido asignados, no serán acumulables y podrán ser utilizados en el Presupuesto General del Estado. Ante tamaño despropósito, se hizo el reclamo correspondiente. Como era tan burda, ilegal y desatinada su propuesta, no les quedó más que elaborar un Reglamento Sustitutivo, instrumento que fue publicado en el R. O. N.º 159 del 12 de julio de 2019. Allí se establece que los proyectos serán presentados hasta el 31 de agosto de cada año. Ya no se habla de que los recursos no asignados pasarán al PGE.
En el último cuatrimestre del 2018 convocaban a reuniones para actualizar el Plan Integral para la Amazonía, al cuestionarles que cuándo lo aprobaron, respondieron escudándose en la pueril excusa de que era una pregunta política. Para lo que resta del año, nos brindan a nosotros la posibilidad de elaborar ese Plan, y nos premiarán dándonos un 2% del presupuesto. Seguramente se hizo una reforma a la Ley y nosotros ni nos hemos enterado.
Gracias a las falencias del texto de la LOPICTEA, se facilita el manejo y la orientación del Consejo de Desarrollo Amazónico y la Secretaría Técnica de la CTEA en el uso del Fondo Común, como una boya para el gobierno. NO tienen la mínima idea de buscar recursos para la Amazonía, sino que de ella se entregan a los diferentes ministerios y planes del gobierno central, como en el caso de la pandemia, que en lugar de que el MSP asigne recursos, se tomó del Fondo Común, para esa entidad, restándoles a los municipios que eran los que requerían urgentemente para apoyo humanitario.
Con los requisitos exigidos, casi ninguna organización social obtiene financiamiento. Esto le permite a la Secretaría Técnica atender a determinados GADs. Pero aspectos como: REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PISTAS, PLANES DE VIDA DE LAS NACIONALIDADES Y ATENCIÓN A EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO, que indudablemente son PRIORITARIOS, DE INTERÉS, ALCANCE Y COBERTURA PARA LA REGIÓN, NO SON CONSIDERADOS. Para esto temas, la Secretaría Técnica podría apoyar con el diseño de formatos de proyectos base, para viabilizar y agilitar la atención a los ciudadanos amazónicos.
Hoy, a poco menos de dos meses para cerrar el plazo publicitan su lineamiento de priorización de proyectos. Surge una inquietud, ¿las organizaciones sociales tienen autoridades? Se habla de la “máxima autoridad”. Igualmente, para algunos proyectos piden la certificación de la delegación de competencias. ¿Será que una asociación agrícola o de mujeres emprendedoras, por citar casos, deberán investigar si sus actividades les han sido delegadas por algún ministerio o un GAD?
Una cosa es segura: hay millones, pero no hay ni la visión, ni la voluntad política, ni la capacidad para aprobar y financiar proyectos de las organizaciones sociales.