La Mesa Técnica de los Colectivos Sociales analizaron la afectación ambiental de la minería en la provincia de Napo mediante la digitalización de imágenes satelitales del Sentinel -2 L2A con fecha 25 de febrero 2023, los resultados hasta abril de este año son desalentadores.
1.445 hectáreas de suelos, cultivos y bosques fueron destruidas en los cantones Carlos Julio Arosemana Tola y Tena, la devastación que se dio a un ritmo dramático ocurrió frente a miles de habitantes de varias comunidades, quienes han sufrido por la intervención cruel de las mineras ilegales.
Entre 2015 al 2021 se perdieron mensualmente 15 hectáreas por la minería ilegal, pero en la actualidad, según análisis de expertos, se llegó a la conclusión de que desde el año 2021 hasta la fecha, la extracción de material aurífero ha triplicado las afectaciones, es decir que ahora cada mes aproximadamente 22 hectáreas se intervienen de manera negativa.
“Los resultados son altamente alarmantes y demuestra la falta total de control que existe en la provincia, poniendo en peligro la vida de las comunidades por la contaminación de los ríos y quebradas”, manifestó Ligia Martinez, vocera de uno de los colectivos sociales que trabajan de la mano con las organizaciones kichwas.
“Es urgente señor Guillermo Lasso la declaratoria de Emergencia Ambiental Focalizada en la Minería, ya que atenta contra la vida y los ecosistemas Amazónicos”, indica en una postal emitida hace poco Lucia Rodríguez, miembro de la Coordinadora de Mujeres amazónicas en Napo.
En los comunicados que hacen principalmente las mujeres en plantones contra la minería también se han enfatizado mensajes en los que se pide la investigación de los funcionarios de los Ministerios de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador, Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales – ARC, Gobernación de Napo y las Autoridades locales y sancionados por su una supuesta complicidad en el biocidio que Napo vive.