En la provincia de Napo, la minería ilegal se ha intensificado notablemente, contribuyendo a la degradación ambiental y exacerbando el abandono estatal en áreas cruciales como la salud, la educación y la infraestructura vial. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), esta región ecuatoriana registra un 70% de pobreza por necesidades insatisfechas y un 74% de pobreza por ingresos. Ante esta situación, en junio del presente año, diversos actores locales lograron que la Asamblea Nacional instara al Presidente Noboa a declarar en emergencia a la provincia y a la región amazónica.
Un estudio del Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP) revela que la extensión de áreas destinadas a la minería ilegal en Napo ha crecido exponencialmente, aproximadamente 210 veces. Solo en el periodo de 2015 a 2021, la minería de oro aluvial aumentó en un 316%.
Map Biomas Ecuador tiene datos similares y registra que en 1998 la minería formal e informal en Napo operaba en tres hectáreas. Para 2022, se extendió a 1.175 hectáreas. El 92% de esta superficie se concentra en cinco parroquias de Tena: Talag, Ahuano, Misahualli, Puerto Napo, Carlos J. Arosemena Tola.
Hay que recordar que Napo es un territorio de profunda raigambre histórica y actual, donde las áreas protegidas abarcan el 53.7% de su superficie y el 19.6% está habitado por comunidades indígenas, mayoritariamente de la nacionalidad kichwa.
La ribera del río Jatunyacu, particularmente afectada y con 153 concesiones mineras otorgadas por el Estado, ha visto un aumento considerable de la minería ilegal desde diciembre de 2023. En los últimos meses, los residentes han detectado la presencia de operaciones ilegales en al menos 13 puntos críticos a lo largo del río, lo que representa el 25% de la cuenca del río Napo. Estos puntos suman 54 hectáreas de minería ilícita, adicionales a las más de 1.700 hectáreas estimadas de actividades similares en toda la provincia, causando una grave contaminación en varios afluentes importantes del río Napo, esenciales para la comunidad local para el consumo humano, riego y pesca.
Además de los impactos ambientales y económicos, la salud y la paz de los habitantes de la Amazonía están en riesgo. La minería no solo amenaza la biodiversidad local, sino también la calidad del agua y el modo de vida de las comunidades aledañas. La Federación de Organizaciones Indígenas del Napo (FOIN) ha realizado un análisis de salud y agua en 17 comunidades a lo largo del río Napo, identificando en parte de la población problemas respiratorios, dermatológicos, gastrointestinales y neurológicos, estos últimos asociados a la contaminación por mercurio.
Otro estudio preliminar, desarrollada por el Laboratorio de Investigaciones de la Universidad de las Américas para una investigación de El Comercio, reveló que el plomo, arsénico, zinc y hierro son metales pesados que están por encima de los valores referenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de otras entidades internacionales, en los organismos de quienes viven en las parroquias de Chontapunta, Ahuano, Puerto Napo y Talag.
Esta investigación, además, muestra los riesgos al que están expuestas las mujeres que trabajan lavando oro en el río, debido a falta de oportunidades laborales. Diariamente se registran mujeres con vaginosis por la exposición a bacterias y sustancias tóxicas. Estas infecciones pueden agravarse hacia la enfermedad inflamatoria pélvica, por ejemplo. También se han identificado casos con el Virus del Papiloma Humano, lesiones intraepiteliales de grado 2 (NIC 2), que pueden convertirse en cancerosas.
El Laboratorio también tomó una muestra de agua del río Napo en Ahuano, la cual presentó un aumento de aluminio, cobre y plomo con relación al valor referencial de la norma ecuatoriana para la preservación de la vida acuática y silvestre.
La situación es alarmante y requiere una acción urgente por parte de las autoridades para prevenir catástrofes socio ambientales en esta región. Es crucial que se tomen medidas decisivas para evitar que esta crisis se prolongue en Napo.