Por: Edwin Mosquera G.
La facultad que tiene el ejecutivo de indultar a ciudadanos sentenciados y en conflicto con la ley, no tiene que ser tomada como una tómbola al azar, si la oportunidad que se conceda a quienes han cumplido una verdadera rehabilitación social, que haya cumplido parámetros específicos, de preparación, terapia, educación y demás que les sirva para poder reinsertarse en la sociedad.
A pocos días de salir de su EXCELENTE mandato, toma como medida de evitar la sobrepoblación carcelaria así como los amotinamientos, la idea de indultar a sujetos que hayan cometido robo sin muerte, estafa, hurto, abuso de confianza, mulas de droga y personas con enfermedades catastróficas, no se debe considerar como una política pública de gobierno, sino como un medio alternativo de condonar a un sujeto que haya sabido mantener su conducta y haya demostrado una reinserción exitosa a la sociedad.
Ahora bien, donde está la violación al principio de igualdad formal y material, en que si bien es cierto existen otros mecanismos de rebajas y de cumplimientos especiales de la sentencia, pero al no ser considerados las personas de delitos mayores estaríamos estigmatizando ya al no dejar que se acceda a un derecho que es tan subjetivo por parte del Mandatarios.
La conducta punible que ha sido ya sancionado estaría por demás en ser analizada, cuando existe un querer ser del condenado en sobresalir y subsumir su error, no solo enfocarse en un mecanismo paliativo se dejar en libertad a delitos menores si no en dar la oportunidad a todos los sujetos que pudieran acceder a este.
Un aplauso al mentalizador de esta idea, pero esto no va a parar los amotinamientos o peor aún la sobrepoblación carcelaria, por que quienes realizan estos actos, no son pues los contraventores o los sentenciados por delitos menores, si no quienes son las cabecillas de cada pabellón y de cada centro carcelario.