Por: Edwin Mosquera G.
Desde la implementación del famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, este poder del estado, se ha visto envuelto en un sinnúmero de vicisitudes, desde cuál es su función específica, quienes se encargan de controlar sus acciones y por último para qué carajo mismo sirven, porque hasta la fecha lo único que se ha generado es polémica por presidir dicho tesoro que se plantea como una agencia de empleos.
En retroceso, pasando por Alembert Vera, Hernán Ulloa, Sofía Almeida, Christian Cruz, y hasta el famoso e intocable José Carlos Tuarez, nadie ha hecho es nada, un vago recuerdo nace a la ciudadanía la Julio César Trujillo, que asombrosamente formaba comités y cruzadas para los perseguidos, pero con la salvedad de que está presidencia no sería responsable de ninguna responsabilidad civil, penal o administrativa, es decir se blindaron de sus actuaciones.
Pues bien, como no se conoce realmente la función de estos siete ciudadanos, existe la tergiversación de su competencia, es así que se han centrado en investigar tesis falsas, pretender destituir a fiscales y la más desastrosa, pretender ser un órgano de interpretación constitucional, es decir ya valimos.
La sobre limitación de poderes o el desconocimiento de sus funciones siempre hará que se pretenda atentar contra la soberanía del pueblo y de las asignaciones de representación, y más aún cuando ni entre ellos mismos se ponen de acuerdo.
Es característico de las autoridades utilizar las armas que tienen a la mano, pero me parece de lo más bajo iniciar investigaciones por estupideces, y más aún cuando se utilizan fondos del estado para pretender haber un trabajo investigativo sin fundamentos, si bien es cierto la cabeza del Ministerio Público se a visto muy diligente en ciertas cosas pues ahora va a buscar su destitución, como a dos consejeros y demás funcionarios que no le aplaudan