4.020 hectáreas corresponden al área de afectación que la minería dejará devastada en el año 2024, la devastación por la intervención de maquinaria pesada abarca a los cantones Carlos Julio Arosemena Tola y Tena.
Andrés Rojas, ex defensor del Pueblo de Napo, manifestó que hay un modus operandi en la que los dueños de las concesiones mineras legales utilizan operadores ilegales “como carne de cañón”, alquilándoles los terrenos o haciendo contratos irregulares de operación, a cambio de un porcentaje del oro o de cobros mensuales por extraer material aurífero de sus terrenos.
Cuando hay alerta de operativos de control, esos empresarios mineros suelen hacer denuncias por minería ilegal en sus concesiones “y se lavan las manos aduciendo que los daños son de la minería ilegal. Sin embargo, son los dueños de las concesiones los que negocian la extracción del oro y todo lo que conlleva la logística de la minería”.
Pepe Moreno es uno de los activistas más incómodos para los mineros en Napo, él convoca a todas las asociaciones y agrupaciones de comunidades ancestrales, defensores de los derechos de la naturaleza, de los derechos humanos, activistas ambientales, hoteleros y ciudadanos que luchan por sus ríos en Napo.
Para el cierre de este año todo este enredo de concesiones y los grupos que los operan no han parado de trabajar en el día y por las noches, según los comuneros se están llevando al corazón de sus comunidades, la riqueza que es de los pueblos y nacionalidades que habitan ahí.