Utilizando el factor sorpresa, la mañana del miércoles 9 de octubre del 2024, autoridades y policía llegaron hasta la parroquia Tarqui, para hacer efectiva. una orden judicial que comprende el desalojo de una propiedad privada que ha sido invadida
Para ejecutar la orden de autoridad competente, acudieron la intendenta de Policía Yomira Villafuerte, acompañada de efectivos de la policía de las unidades especiales, tanto del grupo de mantenimiento del orden público como de operaciones especiales.
También se sumaron el Teniente Político de la parroquia Tarqui, el Juez de Paz de la parroquia Tarqui y el Gobernador de Pastaza Rolando Ramos.
El TCNL. Darwin Figueroa, jefe de operaciones del Comando de Policía de la Subzona Pastaza, explicó que se ha dado el resguardo respectivo con un total: 5 señores jefes, 18 señores oficiales y 170 policías, con apoyo de la zona, con personal tanto de Riobamba, Tungurahua y Cotopaxi.
En primera instancia el operativo se desarrolló sin mayores contratiempos con la demolición de la vivienda rústica construida dentro del predio que comprende un área de 100m2 y poniendo a buen recaudo los bienes de la familia; pero las cosas se complicaron cuando vino la reacción de un grupo de moradores que intentaron frenar el desalojo, dando como resultado una persona lastimada, vidrio roto de una maquinaria y un servidor policial herido.
De parte de la población civil también denunciaron que fueron atacados por las fuerzas del orden con la emisión de gas lacrimógeno, maltrato físico a más de una persona y la detención de una mujer aparentemente en estado de gestación.
El operativo se detuvo, cuando llegó al lugar el presidente de la comuna San Jacinto del Pindo señor Milton Vargas, quien reclamó que estas tierras son parte de su territorio y que está en camino una acción de protección interpuesta ante la autoridad competente precisamente por problemas de linderación del territorio legalmente adjudicado a la comuna San Jacinto.
Acotó que hay un impedimento legal que prohíbe toda enajenación, desmembración y venta de terrenos comunitarios, por lo cual, el intento de desalojo en una arbitrariedad ya que no se ha notificado de manera previa y tampoco se ha coordinado con la autoridad comunal para acceder al territorio.
Al final, las autoridades y personal policial procedieron a retirarse del lugar por falta de garantías y por varias amenazas que se vertieron por parte de la población civil. El predio no pudo ser entregado a su propietaria como fue la disposición del juez.