Según “El Artículo 250 de la Constitución”, que reconoce a la Amazonia como una región de “alta biodiversidad y un territorio especial”, se debería respetar esta condición, así como a la hermana provincia de Pastaza, donde inicialmente la SNAI, pretendía construir la cárcel de máxima seguridad que ahora ya se encuentra en un proceso de contratación para el inicio de la obra en la provincia de Napo.
Se supone que es imposible construir una cárcel en una zona que además es urbana y dentro del área de incidencia, hasta existen establecimientos de salud cercanos, según expertos en el tema, esta construcción violaría la constitución y los derechos de niños, niñas y adolescentes.
El 4 de enero de 2024, Daniel Noboa anunció que en ese mes se firmaría el contrato para colocar la primera piedra de la cárcel de Pastaza y de una segunda más en Santa Elena, situación que tenía desprevenidas a las autoridades de Napo y a su población.
Después de que el tema se congelara en Pastaza y los 13.000 habitantes de la parroquia Mera se opusieran a este proyecto, Napo anunció que había documentos que corroboraban que esta cárcel, al estilo del Gobierno de Bukele, se construiría en el cantón Archidona, en la provincia de Napo.
El detonante de que se activaron las alarmas en el cantón Archidona, fue porque en el área donde se iniciaría el proyecto de esta mega cárcel, no fue socializada y tampoco se desarrolló la consulta previa.
Esta es la razón por la que la población kichwa no acepta el proyecto y tampoco los aprobará si se mantuviera en firme el proceso de licitación para el inicio de la construcción.
Según los pueblos y nacionalidades, esta cárcel de máxima seguridad, afectaría el entorno social y se incrementaría la inseguridad.