Ante la noticia que circulara la semana pasada sobre un eminente desalojo de las familias que ocupan los predios de la ex haciende Té Zulay, hoy llamada “Ciudad Intercultural de Pueblos y Nacionalidades” los integrantes de esta salieron al paso para desvirtuar dichas afirmaciones salidas tanto desde la Intendencia General de Policía como de Daly Montoya Representa de la Empresa Diericom, que reclaman la posesión legal de estas tierras.
John Wajai en calidad de gobernador de la “Ciudad Intercultural” aclara que cuentan con todo el respaldo legal tanto del derecho internacional como nacional, sobre los derechos colectivos y también la aplicación del artículo 343 del Código Orgánico de la Función Judicial sobre la jurisdicción indígena. Por lo que rechazan las versiones dadas por la Intendenta de Policía y demuestran que el Ministerio de Cultura y Patrimonio con fecha 22 de septiembre de 2022 le ratifica la continuidad de la “Ciudad Intercultural” por lo cual la empresa fantasma Diericon queda sin fundamento con sus denuncias maliciosas y temerarias.
Por otro lado, señalan que no es posible ningún desalojo por decreto de un proceso que fue viciado y cuestionado, por un lado, porque están amparados por los derechos constitucionales y segundo porque estas tierras gozan como tierras ancestrales según el informe del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.
Por otro lado, su territorio fue definido por la Subsecretaría de Tierras como territorio colectivo bajo la denominación de “Ciudad Intercultural” las 481 hectáreas se respeta y se respetará bajo este concepto.
Por otro lado, explicó sobre los escándalos dados al interior del territorio de la “Ciudad Intercultural” en el sentido que varias familias hayan sido desalojadas de sus predios, mediante la aplicación de la justicia indígena y supuestamente con la quema de sus viviendas.
En este sentido y considerando que hay personas que tienen problemas con la justicia y que se dedican tanto a la delincuencia como también de tráfico de drogas, se ha procedido a la limpieza de esta gente porque son decisiones colectivas y en vista que la justicia ordinaria no hace nada, se ha procedido a la limpieza de esta gente y se lo seguirá haciendo cada vez que haya personas que estén haciendo quedar mal a la gente de bien que forma parte de esta comunidad.
Eso sí, aclaran que no se ha procedido a la quema de las viviendas y saqueado de sus pertenencias, únicamente se ha procedido a expulsarlos de este territorio por considerarlos indeseables, y también niegan que se haya solicitado dinero como pago por los predios.