En el año 2018, la Corte Interamericana de Derechos humanos, mediante resolución 1/18, con respecto a derechos humanos y corrupción, señalo que, la corrupción es un complejo fenómeno que afecta a los derechos humanos en su integralidad –civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales-, así como al derecho al desarrollo; que debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad.
Así mismo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, manifiesta que, la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.
En ese contexto, podemos precisar que, la corrupción es un fenómeno y combatirlo es un gran desafío para todos los países, puesto que constituye una violación a los derechos humanos, atentando al derecho fundamental a la buena administración, impidiendo que los Estados cumplas con las obligaciones internacionales en relación a los derechos humanos.
El derecho fundamental a la buena administración es el derecho que tenemos los ciudadanos a que la administración pública actué sobre el interés general brindando adecuados y buenos servicios.
La corrupción en nuestro país, ha afectado los derechos humanos de todos los ecuatorianos, en distintas razones, en el caso de sobornos (arroz verde) o malversación de fondos públicos, afecto imposibilitando la calidad de servicios necesarios para hacer efectivos nuestros derechos a la salud, vivienda, educación, agua, etc.; o la destinación de recursos a programas y/o acciones en beneficio de la sociedad o grupos más vulnerables.
La corrupción es latente desde diferentes espacios o instituciones, por ejemplo, como ciudadanos exigimos nuestro derecho fundamental al acceso a una justicia trasparente e independiente, pero esto se ve violentado al momento de que se emite una sentencia injusta, generando inseguridad jurídica, como es el caso de Piatua , que ha desembocado en que la justicia de Pastaza sea un nicho de corrupción (salvo excepciones); puesto que, en la actualidad un Juez que se encuentra procesado penalmente por delitos vinculados a corrupción, continua en funciones.
Con lo mencionado se evidencia que la corrupción es un obstáculo estructural al ejercicio de los derechos humanos. Es por ello que, al conmemorarse el día de la lucha contra la corrupción (9 de diciembre), mediante esta pequeña reflexión, es la oportunidad de sensibilizar a la ciudadanía de cómo afecta la corrupción a nuestros derechos humanos, prevenirla y combatirla es tarea de todos, por un lado, el gobierno tome medidas efectivas y por otro lado los ciudadanos denunciemos estos actos, que lo injusto no nos sea indiferente.
Abg. Mónica G. Jaramillo
Ex Becaria Escuela Anticorrupción