Las manifestaciones expresadas a través de las marchas son una expresión ciudadana, cuya finalidad, en algunos casos, es reivindicar sus derechos o generalmente demostrar la inconformidad por el incumplimiento de compromisos asumidos o hacer escuchar su voz contra arbitrariedades, muestras de corrupción, actitudes dictatoriales, etc., de un Gobierno.
En las manifestaciones la legitimidad es de la ciudadanía, los motivos son de diferentes intensidades, es así que a lo largo de los últimos meses hemos presenciado muchas marchas, donde la ciudadanía se ha expresado contra de la inseguridad, a favor del matrimonio igualitario, la despenalización del aborto en casos de violación, sobre el agua (caso Piatua), en contra de las políticas extratitivistas del Gobierno, y la no criminalización a los defensores de DDHH, o como es el caso de las últimas manifestaciones en Carchi, donde rechazan la falta de atención del gobierno central en su provincia, así mismo el sector indígena a través de la CONAIE ha manifestado una movilización a nivel nacional en defensa de su territorio frente a la amenazas petroleras, mineras, hidroeléctricas en sus territorios, persecución y criminalización a sus dirigente indigenas.
Las marchas debe mirarse como expresiones sociales de la ciudadanía, puesto que son organizadas desde abajo por los ciudadanos u organizaciones civiles, que se sienten apoderados y logran expresar su inconformidad o adhesión a posturas políticas diferentes; una ocasión para visibilizar esas expresiones y reconocerlas, mas no para confrontarlas, amedrentarlas o amenazarlas.
La Constitución de la República del Ecuador, legitima la participación ciudadana, en su artículo 98 reconoce el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público que vulneren sus derechos constitucionales.
El Gobierno debe dejar a los indígenas y a los amplios segmentos de la población, a expresarse y manifestarse; que tienda puentes a un verdadero dialogo, en lugar de buscar la confrontación y criminalizar a los dirigentes por manifestarse.
Así mismo, es necesario recordar a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas que su responsabilidad constitucional, es la protección de los derechos, libertades y garantías constitucionales de las personas. Su deber es controlar la violencia y proteger a todas y todos los ciudadanos ecuatorianos.
Por: Mónica Jaramillo