Por: Javier Salinas Alba
Según la Constitución en su artículo 26 contempla que los ecuatorianos tienen derecho a elegir y ser elegidos, en teoría somos un país de igualdad de oportunidades, sin embargo, el reglamento de inscripción y calificación de candidaturas contempla una serie de requisitos, no basta ser mayor de edad.
Uno de los documentos que sin lugar a duda llama mucho la atención es la presentación de una declaración juramentada de no encontrarse incursos en las prohibiciones que contempló la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero del 2017, básicamente no tener recursos en paraísos fiscales y la otra es demostrar la residencia en la jurisdicción territorial.
Requisito que terminó beneficiando a las notarías, en promedio el costo de esta declaración juramentada es de 27 dólares, a ello cada candidato debe sumar el valor de una minuta que debe ser suscrita por un profesional de derecho en libre ejercicio, que dependiendo de la amistad podría costar entre 10 a 20 dólares.
Si bien es cierto, la normativa se debe aplicar a todos los aspirantes a las diferentes dignidades, las generalidades terminan causando un alto costo para las organizaciones políticas y candidatos de provincias amazónicas como Pastaza que tiene varias parroquias de acceso aéreo, lo cual implica destinar ingentes cantidades de dinero para la movilidad de los candidatos a gobiernos parroquiales tanto el principal y suplente de una lista, en total 10 personas.
Según la Junta Provincial Electoral de Pastaza hasta el cierre de las inscripciones se registraron 161 formularios, con un simple cálculo se podría intuir que alrededor de 5 mil dólares fueron a parar a manos de las notarías.