Más bien se trata de un insisto a una denuncia presentada por los concejales del periodo anterior, pero que al ser a las puertas de culminar el periodo ya no tuvieron tiempo para dar seguimiento.
La concejal Laura Pérez, se trasladó la semana anterior a la ciudad de Quito ante el máximo organismo de Control la Contraloría General del Estado, con la finalidad volver a activar y dar continuidad a una denuncia presentada por los concejales Rilo Bayas y Paulina Valverde, en relación a la compra venta de un bien Municipal a la Unión de Taxistas de Pastaza.
Puntualiza que no se trata de perjudicar absolutamente a nadie, pero si de vigilar que las cosas se hagan de manera correcta. Aquí los únicos perjudicados son la Misma Unión de Taxis y Camionetas de Puyo, puesto que ellos, siendo beneficiarios de un comodato que lo venían cumpliendo desde hace muchos años, no tenían que pagar absolutamente nada, sino seguir bajo la sombra del mismo comodato.
La ley es clara y los bienes municipales no pueden ser puestos en venta por ningún motivo a excepción que sea para otras entidades públicas y que sea para consolidar y construir equipamientos públicos. En este caso y para poder vender el bien municipal, en la administración anterior se crearon la figura de declarar al bien como bien privado a la Unión de Taxistas gastan cerca de 110 mil dólares.
Es así que, de una manera sorprendente y una velocidad increíble, se realiza el proceso y se eleva a consulta del Concejo Municipal la declaratoria de figura de bien público a bien privado, siendo aprobado por mayoría de concejo, sin considerar que la ley establece que los bienes públicos no se los puede cambiar por ningún motivo.
No obstante, con eso, hacen otro documento donde solicitan el avalúo del bien que se establece por un valor de USD 227.485,34, pero vuelven a poner al pleno de concejo para poder venderles, pero no con el valor total sino solo del avalúo del suelo que es de USD 103.000,31, bajo el argumento que es posible enriquecerse con algo que en su momento la Unión de Taxistas lo construyó. Pero la ley establece que las mejoras y construcciones al momento de que la persona o entidad salga todo queda a poder del comodante.
Aún más, señala que elevó a consulta al Gobierno Provincial si en algún momento hubo una inversión de parte de ellos y la respuesta fue que, si la hubo, por tanto, es un bien público donde se ha invertido recursos públicos que deben ser protegidos y no vendidos.
Ahora queda invertir este proceso y devolverle a la Unión de Taxistas los recursos invertidos en esta compra que a su criterio es ilegal. La Contraloría hará su trabajo y establecerá responsabilidades en caso de haberlas.