Totalmente ignorante al tema se mostró el presidente de la Comuna San Jacinto del Pindo Milton Vargas, cuando se le preguntó sobre los rumores de un supuesto acuerdo con el gobierno nacional, para construir la cárcel de máxima seguridad en la provincia de Pastaza.
Según las versiones emitidas por un medio de comunicación digital, Vargas abría accedido a ceder parte de su territorio de la Comuna San Jacinto en el sector de Putuimi, para las pretensiones del gobierno nacional.
Vargas, respondió que no tenía ni idea sobre el tema, que jamás se habría reunido con funcionario alguno y que no es la persona indicada para autorizar la ocupación de parte del territorio de la Comuna San Jacinto.
Es más, acotó que, para ello, se debe cumplir con todos los procesos establecidos en la constitución como la consulta libre e informada, la socialización respectiva y la decisión tomada desde las bases. No es nomás de tomar decisiones unilaterales sin el consentimiento de las bases, más si se trata de un tema tan delicado cuando se trata de ceder parte de su territorio legalmente adjudicado.
Por otro lado, se refirió también al tema de la acción de protección interpuesta ante el Consejo de la Judicatura, por el tema de la delimitación de su territorio. A criterio de ellos tanto el Municipio de Pastaza, la Secretaría de Tierras y el Ministerio de Agricultura y Ganadería pretenden hacer desaparecer el punto número 1 que está identificado en zona Maracocha y el punto número ocho identificado en el sector del puente San José. Para ello, se ha tenido un diálogo intercultural con el juez donde previo a la audiencia piden la recusación ya que necesitan una autoridad que domine sobre el tema de tierras ancestrales y de pluralismo jurídico.
Lamentablemente la ciudad de Puyo se ha levantado sobre invasiones a las tierras de sus ancestros, por lo que no es la primera vez que la comuna se siente afectada en parte de su territorio en la parroquia Tarqui.
El hecho es que en la escritura que pretende entregar el MAG. no está constando los puntos antes señalados y ese es desacuerdo que tienen, por lo que abogan por una compensación económica por parte del Gobierno Nacional por haberles afectado en parte de su territorio, ahora esperan que la justicia haga su trabajo y haga las cosas apegadas al derecho como tiene que ser y lo único que buscan es que sus derechos sean respetados.