Así lo informó Edgar Simbaña presidente de la comunidad Runallacta de la parroquia Tarqui, perteneciente a la Comuna Ancestral San Jacinto del Pindo, lugar donde la semana pasada las autoridades en coordinación con la intendencia general de la Policía efectuaron un operativo de desalojo por invasión a la propiedad privada.
Según Simbaña, la acción de las autoridades se hizo son previa información, ya que no se tenía conocimiento alguno y en el acto se propiciaron acciones de atropello, puesto que fruto de ello, hay una persona de sexo femenino de nombre Alexandra Tapui que se hallaba en estado de gestación quien habría recibido maltrato físico, violentando todos sus derechos como mujer indígena de la nacionalidad kichwa de Pastaza, así también está el señor Aurelio Tapui, que fue desahuciado del hospital Puyo y que también fue maltratado físicamente.
Ante todos estos hechos, ya se ha puesto la denuncia ante la fiscalía y se está impulsado un proceso de penalización tanto a las autoridades que encabezaron dicho desalojo, como: Gobernador, Intendenta, jefe Político y comandante de la Policía Subzona Pastaza, por vulneración de derechos.
Además, denuncia que desde ese día vienen siendo víctimas de acoso, con constantes llamadas telefónicas y mensajes el Whatsapp, amenazando que retiren las denuncias porque están poniendo en riesgo sus vidas y las de su familia. El Gobernador también se ha al enterarse de la denuncia, ha interpuesto una audiencia de mediación, pero al momento de la audiencia no les permiten el ingreso a los dirigentes ni al abogado y todo ya estaba hecho para la reclinación con un abogado interpuesto por la defensoría pública que ejerce como abogado defensor de ello y el documento listo para ser firmado, lo cual se negaron a firmar.
Ellos continúan con la demanda y su abogado está ya siguiendo el proceso y seguirán adelante hasta que la justicia se pronuncie.
En lo que tiene que ver al tema del desalojo, ellos argumentan que están en un territorio de la comuna San Jacinto posesionados por más de 21 años, por lo cual, de manera sorpresiva llegaron a realizar el supuesto desalojo incluso haciendo detonaciones como su fueran delincuentes, lo cual todo eso está siendo usado para el proceso legal que están siguiendo.
La familia desalojada es parte de un hogar de seis personas compuesta por los padres y cuatro hijos, todos de escasos recursos económicos, le derribaron su casa y ahora se encuentran albergados en casa de un amigo con todas sus cositas. La guardia indígena está resguardando el predio desalojado.