Por: Edwin Mosquera G.
Hay que reconocer que el esfuerzo de las fuerzas armadas y de la policía nacional se ha reflejado en la disminución del índice de criminalidad, en todo el territorio ecuatoriano puntualizando, que como dispone los de los decretos ejecutivos 110 y 111 la prohibición de la tenencia y porte de armas es la base fundamental para que las conductas delictivas no se puedan desarrollar, remitiendo en contra de todas y cada una de las agrupaciones de crimen organizado y de las organizaciones de crimen desorganizado.
Pero qué pasa cuando la misma autoridad encargada del control administrativo en el ámbito cantonal desobedece a la norma expresa, siendo el primero en pose pistolas, revólveres, granadas, inclusive hasta armas modificadas como una recortada, entre comillas para su protección, de la lectura de la Carta Magna y organismo internacionales la aplicación de la norma no obedece a una exclusión por etnia, raza, color de piel o peor aún por pretender ser el dueño del cantón.
En el poco o vasto conocimiento, la prohibición de la tenencia y porte de armas es general, salvo que se tenga una justificación y la respectiva autorización emitidas por el ente de control más no por la propia autorización y presunción de que se necesita la protección, tal vez en un delirio de persecución propio o quizás por un rabo de paja se quedó con cabo sueltos.
Hay que saber diferenciar, no es ciencia, entre el derecho de la libertad de expresión, una crítica, una amenaza o simplemente una opinión que obedece al criterio propio de un sujeto que aprecia las cosas desde fuera y que no puede ser callado o peor aún intimidado por ninguna autoridad administrativa que pretende ser omnipotente o peor aún inclusive llama a atentar en contra de la familia, por quien se opone y restriega su falencia de su cara.
La figura pública está sujeta a la opinión, crítica y escrutinio de sus electores y más aún cuando los fraudes son notorios, que cualquier criatura con tres dedos de frente, no necesita más información que solo observar lo que se hace en el cabildo.
La inquisición racial ya se acabó predomina el derecho a la igualdad, en donde que todos somos iguales, sin distinguir etnia, raza, color de piel o lugar de nacimiento, sino más bien otorgar y conceder los mismos derechos y oportunidades a todos por igual, siendo así, la expresión más pura del goce de los derechos; los patriarcados étnicos, no solo deben servir como escudo de bloqueo para la aplicación de la norma, entendiéndose que el liderazgo de un grupo no faculta hacer impermeable bajo el poder punitivo del Estado y la garantía de una constitución.