A decir del activista político André Granda, se acerca el mayor golpe a la economía de la provincia que está conformada en su mayoría por micro empresarios.
Expresó su preocupación por el impuesto del 2% que está dentro de la Ley de Simplicidad Tributaria, aprobada el 9 de diciembre del año pasado y cuyo reglamento apareció recién en agosto del presente año. Están considerados como micro empresarios, prácticamente, todos los ciudadanos que tienen RUC.
Por citar un ejemplo, el comerciante que vende 5 mil dólares al mes, deberá pagar en enero de 2021 la cantidad de 1200 dólares, cifra fuerte, dada la situación económica. El pago es obligatorio y no lo podrá deducir debido a que se aplica a las ventas en bruto. Muchos microempresarios tendrán que endeudarse para pagar la deuda y muchos les caerá como balde de agua fría ya que hasta el momento hay desconocimiento, apuntó.
Tampoco ha existido la información oportuna de los asambleístas de la provincia que votaron a favor de la normativa, sin considerar el impacto en las microempresas de la provincia.
En Pastaza están incluidas en el catastro del Servicio de Rentas Internas 6.790 personas. Este impuesto es aparte del resto de impuestos y se aplicará por 5 años explicó Granda.
Al revisar esta normativa, ha detectado que contraviene los principios de la constitución, como el de progresividad tributaria (el que más tiene más paga), de capacidad contributiva (no debe pagar más allá de lo que tiene), por lo que considera pertinente presentar una acción de inconstitucionalidad.
Considera en este punto, que es importante la unidad entre quienes se verán afectados, por lo que, solicitó a los microempresarios que se sientan afectados, lo contacten telefónicamente o le escriban mediante las redes sociales para poder organizar las acciones a seguir.