El CNE definió que las elecciones programadas para el 14 de febrero de 2027, se realizarán el domingo 29 de noviembre de 2026. Este adelanto del sufragio ecuatoriano, permite un efecto único durante las últimas décadas en Ecuador – quienes aspiren a su reelección, y no lo logren, tendrán un amargo sabor de boca – gobernar sin poder. De acuerdo a lo programado, las elecciones tendrán lugar este año 2026, pero la posesión de las autoridades seccionales será en mayo de 2027, cumpliendo los preceptos constitucionales en vigencia.
En otras palabras, muchos prefectos, alcaldes y presidentes parroquiales serán figuras públicas y legítimas máximas autoridades de sus GADs, pero con nulo poder de seis meses al no ser reelectas. Esto, permitirá un efecto único que no hemos visto en la academia política durante mucho tiempo, reconfigurar el tablero político de forma anticipada.
Por décadas, hemos observado con atención que, una vez que la autoridad de turno es derrotada en las urnas, su poder y decisión territorial se desvanece de forma inmediata. Una vez que se conozcan los resultados preliminares el domingo 29 de noviembre, los ciudadanos, los servidores públicos y los políticos electos, iniciarán un proceso de reorientación y lealtad interna. “El rey ha muerto, ¡viva el rey!”
El gran fenómeno de lame duck, es bien conocido en las ciencias políticas; este término del pato cojo, fue adoptado en la política para dar referencia a las autoridades que no resultan reelectas y que pierden completamente su poder, influencia y autoridad en sus propios territorios. En nuestra cultura ecuatoriana, la viveza criolla impera y los funcionarios públicos buscarán alineación inmediata con la nueva autoridad; disponiendo así, tiempo, interés, proyectos y decisiones que serán postergadas so-pretexto de no contar con requisitos inventados para cumplir el lame duck ecuatoriano.
Aspiramos que, las autoridades que no resulten reelectas sepan asimilar sus errores administrativos y no tomen decisiones apresuradas, tales como: puestos a dedo, concursos ilegítimos y proyectos apresurados y mal hechos. El costo político-administrativo de este fenómeno ecuatoriano no lo pagará solo el político saliente, sino el pueblo que enfrentará un vacío de poder y decisión de seis meses, con poca obra, nulo poder y el sentimiento de: “ya falta poco”.
Por: Byron Jonás Naranjo Cando, B.A., MSc. – POLITÓLOGO y MÁSTER EN GOBIERNOS SECCIONALES
Miembro de la AECIP – Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política. Miembro de la Asociación Americana de Administración Pública – The City University of New York:CUNY