Mediante rueda de prensa, varias nacionalidades de la provincia de Pastaza y dirigentes de diferentes organizaciones, hicieron sentir su voz y expresaron su rechazo a la pretensión del Gobierno Nacional de ampliar la frontera extractiva petrolera en sus territorios. A su vez, exigieron respeto al derecho a la información y al consentimiento previo, libre e informado que la ley les asiste.
Denunciaron que el Gobierno avanza en una etapa de estudios y definición para realizar una ronda de licitación en los bloques petroleros de Pastaza y que lo está haciendo sin el derecho a la consulta previa.
Considerando que la falta de información transparente y oportuna por parte del Ejecutivo de proyectos extractivistas y estando su territorio de manera arbitraria e inconsulta como parte de la denominada ronda de licitación petrolera en la zona sur oriente y extremo sur oriental, el 11 de abril de 2024, realizaron una petición de acceso a la información pública a la Presidencia de la República y al Ministro de Energía y Minas.
Un mes después, el 16 de mayo, incumpliendo los plazos establecidos por la Ley, el Ministro de Energía y Minas entregó una respuesta ambigua e incompleta, en donde acepta que se encuentran planificando avanzar en nuevas rondas licitatorias, violando con ello el derecho a una consulta previa, libre e informada.
En el 2018, comunidades Waorani de Pastaza, demandaron al Estado por violación al derecho a consulta previa durante la licitación del denominado Bloque 22, dando como resultado el fallo de la Corte Provincial de Pastaza a favor de las 16 comunidades Waoranis y determinó que las actividades informativas que pretendió realizar el Ejecutivo no pueden considerarse como Consulta Previa. Y ahora se pretende caer en el mismo error.
El pasado 4 de junio realizaron un alcance al acceso de información precedente, pidiendo que se entregue información clara, precisa y completa sobre los planes para la ronda petrolera, ya han pasado los días establecidos por la ley para que se conteste y no hubo respuesta alguna, por lo que consideran una nueva vulneración al derecho a la información pública.
En virtud de ello, y conociendo las pretensiones del Gobierno, las nacionalidades ratifican en su pronunciamiento que sus territorios no están en venta, por lo que han decidido cuidar sus territorios y rechazar toda actividad extractivista.
A su vez, exigen al Gobierno abstenerse de usar el supuesto proceso de consulta previa realizado en el año 2012 declarado de mala fe por los jueces jurisdiccionales. Advierten a las empresas y países potencialmente interesados en invertir en estos proyectos que se abstengan de hacerlo ya que el Estado estaría actuando en violación a disposiciones judiciales y finalmente solicitan a la comunidad estar vigilantes de este riesgo contra sus territorios.