El asambleísta Fausto Fernández analiza los avances de su primer año de gestión, marcados por la creación de leyes clave, el fortalecimiento de la institucionalidad y el trabajo en beneficio de la Amazonía. Con logros destacados y desafíos pendientes, reflexiona sobre su aporte al desarrollo de la región y país.
¿Cómo califica este primer año de gestión de asambleísta por Pastaza?
Sin duda, una experiencia de vida importante. Además, una oportunidad para demostrar que, si se puede hacer política honesta y trabajar por la provincia y país, privilegiando el interés general y no particular. Al menos ese ha sido mi comportamiento en la Asamblea Nacional, mereciendo el reconocimiento de mi bancada y los sectores para los cuales se ha colaborado.
Los actuales asambleístas fueron electos para cumplir un período de año y medio de gestión.
¿Ha sido tiempo suficiente para cumplir con sus planes y propuestas de trabajo?
Bien lo ha dicho usted, un período de transición para completar el período de los ex asambleístas que fueron cesados de su función por la aplicación de la muerte cruzada que terminó anticipadamente el período legislativo anterior.
Particularmente creo que uno de los objetivos de la actual asamblea se ha cumplido garantizando la estabilidad democrática y la defensa de la institucionalidad del país, aunque existen organismos del Estado como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Consejo Nacional Electoral, la función judicial que han sido seriamente cuestionados por su accionar.
En lo personal, hemos honrado el compromiso asumido ante la ciudadanía de Pastaza, porque se constituyó el Grupo Temático Parlamentario Amazónico, integrado por 10 de los 13 asambleístas que representamos a esta Región. Asimismo, se reformó la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, con el respaldo total del legislativo que inclusive nos apoyó para el exhorto y declaración de emergencia a la Amazonía en temas de vialidad, salud, educación, turismo y ambiente.
En coincidencia de propuesta con el Ejecutivo, se aprobó la Ley de Extinción de Dominio, que lucha contra la corrupción, los delincuentes y los corruptos. Y ahora estamos iniciando un trabajo con algunos asambleístas para retomar el tratamiento y reformas a la Ley de Desarrollo Fronterizo, en base a lo dispuesto en el artículo 249 de la Constitución que dispone un trato preferente para las zonas de frontera.
También me siento honrado de formar parte de la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. Igualmente integro el Grupo Temático Parlamentario de Amistad con la República de China, participo en la Comisión Ocasional Especial para la Fiscalización de los Fondos Amazónicos y soy parte del Grupo Parlamentario Mundial de Acción Global, en Ecuador.
La Asamblea Nacional básicamente tiene por finalidad legislar y fiscalizar. ¿Qué se puede destacar de la labor desarrollada en estos temas cruciales para el país?
En el ámbito legislativo, durante este año de gestión se han aprobado alrededor de 47 leyes, es decir, un promedio de casi 4 proyectos por mes, siendo una estadística récord en la historia de la Asamblea Nacional. Igualmente hemos aprobado leyes remitidas por el presidente de la República en su calidad de colegislador y tramitadas con el carácter de urgentes en materia económica. A la par de esto, también se han aprobado tratados e instrumentos internacionales, algunos de ellos presentados por la Comisión de la cual formo parte.
En lo que tiene que ver con la fiscalización, más de 20 solicitudes de juicios políticos se registraron durante el año anterior, como 7 fueron resueltos y otros suspendidos o archivados, estos últimos por decisión de una mayoría parlamentaria de oposición al Gobierno Nacional.
¿Qué puntos quedan pendientes y que la próxima Asamblea Nacional debería continuar?
A nivel regional, debo destacar que será necesario continuar con el proceso de fiscalización a los Fondos Amazónicos que por alrededor de mil quinientos millones de dólares adeuda el Estado a la región amazónica, correspondientes al período 2019 – 2023 y que varias entidades están comprometidas con esta deuda ya sea por acción u omisión, como el Consejo de Planificación y Secretaría Técnica de la Amazonía, SRI, Banco Central, Petroecuador, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Minas y Petróleo, recursos que son tan necesarios para nuestra región reconocida como la de mayor pobreza en el país.