Para muchos reclamar a estas alturas territorio de sus antepasados, ya no procede, cuando ya han construcciones sobre propiedad privada legítimamente adquirida y terrenos debidamente escriturados.
Un profesional del derecho explica también que su petición no procede porque hay una ley que se llama prescripción de dominio y reclamar como tierras ancestrales luego de más de 80 años de adjudicación de sus tierras es prácticamente ignorar la existencia de esta ley.
Sin embargo, para el presidente de la Comuna San Jacinto del Pindo, ellos están en su legítimo derecho de recuperar su territorio legítimamente adjudicado y como prueba de ello, tienen las escrituras originales que así les acredita en el año 1947.
Por ello, han interpuesto una acción de protección, para que no se continúe con los desalojos de sus tierras, llamando de manera despectiva y racista como invasores a quienes son parte de la Comuna.
En este sentido, la acción de protección pretende también actualizar y legalizar este título de propiedad de un territorio más amplio anexado a ellos como territorio indígena de Puyo.
Así el 17 de enero del 2023, se ha dado inicio a un proceso de legalización de las tierras, lo cual se logró del Ministerio de Agricultura y Ganadería en la provincia de Pastaza, de tal forma que, ahora son una comuna legalmente registrada.
Ahora lo que están luchando es en hacer que se respete la antigua delimitación otorgada en 1947 con un total de 2.000 hectáreas, muchas de ellas que ahora están siendo ocupadas, incluyendo por ejemplo a todo lo que significa la parroquia Tarqui.
La acción de protección ha sido acogida y por disposición del juez competente se ha suspendido toda clase de intento de desalojo por parte de las autoridades correspondientes hasta que esclarezca este la acción de protección.
Una vez resuelta la acción de protección y de salir una resolución favorable para sus intereses, se exigirá el Estado una compensación por los espacios ocupados, porque ellos están dispuestos a respetar los asentamientos existentes y que las autoridades de turno procedan con la entrega de los servicios básicos que hasta ahora se niegan con el pretexto de que son terrenos irregulares que ellos llaman como invasiones.