En la mañana de este miércoles 17 de junio de 2026, la delegada provincial de la Defensoría del Pueblo en Pastaza, doctora Yajaira Curipallo, ofreció declaraciones oficiales sobre el proceso de seguimiento a la Acción de Protección presentada en marzo de 2026, que reconoce al río Puyo como sujeto de derechos y ordena detener su deterioro ambiental.
La Dra. Curipallo explicó que esta diligencia busca verificar el grado de cumplimiento de las medidas dispuestas por la autoridad judicial, luego de que estudios técnicos confirmaran que los niveles de contaminación superan hasta 24 veces los límites permitidos, afectando la salud de la población y rompiendo los ciclos naturales del cauce.
“La Constitución del Ecuador es clara: la Naturaleza tiene derecho a su restauración integral. El río Puyo no es solo agua, es fuente de vida, identidad y sustento para más de 30.000 personas que habitan en su cuenca”, afirmó la funcionaria. “Hemos constatado que persisten descargas directas de aguas servidas, falta de plantas de tratamiento funcional y retrasos en la ejecución del plan maestro de alcantarillado; esto es inaceptable”.
Informó que, durante la audiencia, se revisaron informes presentados por el GAD Municipal de Puyo, la Prefectura de Pastaza y el Ministerio del Ambiente, constatando avances parciales pero insuficientes.
Explicó que, como una medida urgente, es necesario agilizar la construcción y operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), delimitar franjas de protección ribereña e implementar monitoreo permanente de calidad del agua.
En el plano jurídico, este es un caso fortalece la aplicación de derechos de la naturaleza en la Amazonía ecuatoriana.
“No vamos a permitir que el proceso se estanque. La Defensoría vigilará paso a paso y, si no hay resultados concretos en los plazos establecidos, recurriremos a los mecanismos legales para exigir responsabilidades”, recalcó la Dra. Curipallo. “Recuperar el río Puyo es una deuda con la salud pública y con las generaciones futuras”.
La Acción de Protección fue presentada conjuntamente con la Comuna San Jacinto y organizaciones sociales, sustentada en normas constitucionales y en datos que evidencian afectaciones directas a la salud, el agua y el ambiente sano.