Un documento circuló la semana pasada en redes sociales, emitido por el Ministerio de Trabajo, en el cual se le impide al asambleísta de Pastaza Fausto Faustino Fernández, ejercer cargo público, por su situación de ser un servidor público jubilado de la Casa de la Cultura de Pastaza Núcleo de Pastaza. Dejando abierta con ello, la posibilidad de una destitución de su cargo de representante de la provincia en el Parlamento Nacional.
Fernández, entonces salió a los medios de comunicación para desvirtuar dicha información y cuestionar a su vez la manera de ejercer el periodismo en la provincia de Pastaza de ciertos colegas comunicadores que no se apegan a los principios éticos de una verdadera comunicación.
Es más, señaló que más bien responde a un plan o acoso mediático que desde tiempo atrás se viene gestando en contra de su accionar en el Parlamento Ecuatoriano y que detrás de ello hay muchos actores.
Aclaró que si bien es cierto la existencia de dicho documento emitido por el Ministerio del Trabajo que está subido en el portal hace dos años, tiempo en el cual se acogió al derecho de la jubilación y por ende es pensionista del IESS y de acuerdo con la Ley del Servicio Público no puede ejercer nuevamente cargo público alguno. Pero lo que no se informa, es que en el mismo documento existen ciertas excepciones y una de ellas señala que un funcionario jubilado puede volver a ejercer un cargo público cuando se refiera a dignidades de elección popular.
Por lo tanto, el documento publicado a medias, no se aplica en este caso, puesto que el cargo que ostenta como asambleísta provincial de Pastaza es una dignidad de elección popular. El documento ya fue presentado a su debido momento ante la prosecretaría general del Parlamento Nacional y luego en la oficina de talento humano del mismo Parlamento, siendo acogido de buena manera. Si hubiere existido un impedimento alguno, no habría podido ejercer el cargo de asambleísta desde el principio de sus funciones.
En definitiva, la información responde a la difusión de una verdad a medias, que no sería otra cosa que un acto de mala fe con la que se estaría pretendiendo hacer daño a la imagen y la honorabilidad de un servidor público como representante de la provincia de Pastaza.
Nunca ha sido abordado sobre el tema, ni se ha tratado de contratar como corresponde de acuerdo a los principios de la comunicación. El funcionario público sigue en su cargo en el uso legítimo de sus funciones y representando a la provincia de Pastaza de la mejor manera.