Tal como lo anunció Raúl Tello, principal demandante sobre el caso de los 75 millones de dólares supuestamente transferidos de la cuenta del Fondo Común al Ministerio de Finanzas, una vez presentada la demanda penal, también se procedería a sentar la denuncia en la Contraloría General del Estado para que se investigue el caso y se formulen responsabilidades a los culpables.
La mañana del jueves 9 de noviembre, Tello acudió hasta las instalaciones de la Contraloría de Pastaza, para cumplir su cometido y solicitar las debidas investigaciones por el órgano de control para que determine responsabilidades de carácter civil, administrativo y si es posible de carácter penal en caso de haberlas.
Tello, señaló que ha esperado desde el 4 de octubre, para poder estar debidamente fundamentado y ha podido hacer esto a lo largo del proceso de la audiencia celebrada, donde se pudo determinar que el Ministerio de Economía y Finanzas no ha tenido sustento legal para esa transferencia, puesto que no hay expediente de transferencia de esos recursos y tampoco supieron justificar cuál fue el destino final de dichos recursos; simplemente se remitieron a señalar que es un procedimiento que están facultados a hacerlo como se han hecho transferencias desde otras empresas públicas. Pero se olvidan que el Fondo Común no tiene la misma característica de las empresas públicas.
Ahora, con todas esas evidencias, se presume que hay un desvío de fondos que tienen un objetivo específico que es el de financiar proyectos para el desarrollo amazónico, por lo cual se puede estar hablando de peculado, y es aquí donde la Contraloría sabrá determinar si existen o no responsabilidades.
En este caso, la denuncia va en contra del Ministro de Economía y las autoridades de esa institución, en contra de la presidenta del Consejo de Planificación y Desarrollo y autoridades de la CTEA, ya la contraloría sabrá determinar su existe o no existe y en qué funcionarios cae la responsabilidad.
En lo que tiene que ver al resultado de la audiencia en el juzgado, informó que se concluyó la fase procesal y el juez señaló que hay una complejidad jurídica por lo cual necesita tiempo para poder analizar el caso y también que por la carga procesal no se podía instalar nuevamente la audiencia para emitir sentencia, por lo cual quedó establecido para el 27 de noviembre la audiencia de resolución.
Lamentablemente, le tocará al nuevo gobierno asumir la responsabilidad de la devolución de los recursos y al parecer es lo que estuvieron buscando desde un inicio este propósito para lavarse las manos. Pero podrán eludir su responsabilidad de entregar los recursos, pero no podrán eludir la responsabilidad ante la Contraloría del Estado.