El escándalo de la página social “Pastaza Viva” ha llegado a niveles, que muchos ciudadanos se han preocupado en investigar qué mismo pasa, y solicitar a la Prefectura la información correspondiente sobre estos contratos que supuestamente facturan altas cifras por motivos de publicidad.
Una de estas personas preocupadas en investigar el tema es el ex asambleísta Raúl Tello Benalcázar, quien movido por la información que se vierte, en el ejercicio del derecho que le corresponde de acceso a la información ha solicitado se le haga llegar la información correspondiente sobre dicho tema.
Pero que, pese a que la ley otorga un plazo correspondiente de diez días para responder, cuyo plazo concluía el viernes 5 de abril, lamentablemente nada se le ha hecho llegar lo que significa que no han cumplido con la ley y la constitución sobre el derecho al acceso a la información pública.
Tello recuerda, que la información que se genera en las instituciones públicas no es algo que les pertenece, sino que es de la ciudadanía y esta debe ser entregada a cualquier persona que la requiera dentro del marco que determina la ley.
Se ha escuchado mucho sobre el tema de la contratación para difusión con ciertos medios de comunicación, por lo cual, antes de verter un criterio sin conocimiento de causa, decidió solicitar la información correspondiente, para luego expresar su criterio, pero que en definitiva hasta la fecha no se ha hecho llegar.
En tal motivo y ante la negativa, Tello ha procedido a plantear una demanda de carácter constitucional de acceso a la información pública, que no es otra cosa, que poder sentarle al banquillo de los acusados al prefecto de Pastaza como representante del GAD Provincial para que cumpla con la constitución y con los derechos humanos, ya que parece que poco a aprendido trabajando en una institución de derechos humanos o que pronto se le olvidó.
Por otro lado, cuestiona el hecho que en la campaña electoral que habló de una administración con transparencia y de ejercer un gobierno abierto, y ahora la pregunta es dónde está ese gobierno abierto si se le niega el derecho más simple de acceso a la información pública.
Ahora, será la autoridad correspondiente la que determine si se faltó o no la ley y de hacer cumplir o no con lo solicitado. “Si no hay la intención de ocultar algo, tienen que no entregar la información” señaló. Aparentemente hay un contrato que no justifica en las condiciones que se ha dado que hace que se hayan generado sospechas.