En la sede de la Nacionalidad Achuar en la provincia de Pastaza (BAE) Marlos Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) ofreció una rueda de prensa, en donde justificó las razones que los han llevado a tomar una medida de hecho y declararse en paro nacional.
Inició señalando que no solo es el tema de la eliminación del subsidio al diésel el motivo de su protesta, sino una serie de acciones que ha tomado el Gobierno de Daniel Novoa que va en contra de los intereses de los sectores más necesitados del pueblo ecuatoriano.
Desde Pastaza saludó la valentía que han tenido varios sectores que se han sumado a la lucha como el pueblo Cayambi, y condenó las acciones de represión tomadas por el gobierno nacional contra la legítima acción de resistencia ejercida por las comunidades frente al decreto 126 que únicamente favorece a las empresas multinacionales importadoras del combustible y empobrece al pueblo ecuatoriano.
En ese sentido denunció que la detención arbitraria de más de 50 compañeros en la provincia de Imbabura constituye una grave violación de los derechos humanos, la libertad personal, la integridad física y el derecho a la protesta social protegida en los artículos 16 y 98 de la constitución de la república.
Alerta que la negativa de las autoridades a proporcionar información sobre la situación de las personas detenidas vulnera el derecho al debido proceso, configurado sobre un delito de desaparición forzada.
En ese marco exige la inmediata libertad de los detenidos y detenidas y que se garantice su integridad personal.
Finalmente responsabiliza personalmente al presidente Daniel Noboa, a sus ministros, a la fuerza pública de cualquier atentado contra la vida, la seguridad y la integridad de sus compañeros. Y solicita a los organismos internacionales y de derechos humanos a mantenerse vigilantes sobre la situación en el Ecuador ante la escalada represiva que amenaza el orden democrático y la vigencia de las libertades públicas.
Exige al Gobierno de Noboa a derogar el decreto 126 y garantizar la tranquilidad de los ecuatorianos, la libertad, la justicia y la dignidad de los pueblos no son negociables la resistencia es un derecho y la represión es un crimen.
Señaló además que la pretensión de convocar a una asamblea constituyente es una medida arbitraria de este gobierno que ya perdió en la Asamblea Nacional.