Un plantón realizó un grupo de personas, entre ellos pacientes de diferentes enfermedades y sus familiares, en las instalaciones de la Secretaría Técnica Amazónica de la ciudad de Puyo, en la mañana del martes 7 de mayo de 2024, con la finalidad de exigir un derecho que por les asiste: recibir el apoyo del estado para el tratamiento de su enfermedad, con recursos provenientes del Fondo Común.
Isabel Enrríquez, presidenta del Consejo de Planificación y Desarrollo Integral de la Amazonía (CPDIA), recibió a un grupo de ciudadanos de la provincia de Pastaza quienes hicieron visibles sus inquietudes respecto a los desembolsos, provenientes del Fondo Común Amazónico, para cubrir las necesidades logísticas a favor de las personas con enfermedades catastróficas de la región. “He hablado con el Ministerio de Finanzas (…) apenas se genere el CUR el ministro de Finanzas pueda acreditar inmediatamente a los entes ejecutores este dinero. Lo vengo haciendo desde la primera semana que estoy como presidenta del Consejo de Planificación y como delegada del señor presidente”, destacó en su intervención la Presidenta del CPDIA.
Este espacio sirvió para esclarecer como avanza el proceso que permitirá que estos recursos puedan llegar a los entes ejecutores, quienes cubrirán los servicios de hospedaje, transporte, alimentación y otros que no sean asumidos por el Ministerio de Salud Pública, en beneficio de los amazónicos con este tipo de padecimientos. “A usted ministra, gracias por recibirnos, créase que es una satisfacción que usted salga a recibirnos. ¿A quién? a la gente que somos del pueblo”, señaló Luis Ágreda, presidente de los barrios del Puyo.
La Secretaría Técnica de la Amazonía y el CPDIA seguirán trabajando para darle celeridad a este desembolso. Se prevé que en los próximos quince días se logre la acreditación de cerca de USD 3 millones y medio, para las entidades que suscribieron convenios en el último mes del 2023, que pertenecen a las provincias de Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Además, dentro de dos meses, posterior a la suscripción de los respectivos convenios, se sumarán más de USD 3 millones y medio para las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos.
Esta acreditación de recursos obedece a la cobertura de servicios mandatoria en la Disposición General Octava de la Ley Amazónica (no la actual reforma), en favor de los amazónicos con enfermedades catastróficas. De estos se estiman 885 beneficiarios en toda la Amazonía. Esto se debe a que los convenios y las propuestas presentadas se hicieron en el 2023, cuando la reforma a la Ley Amazónica no entraba en vigencia, y para su ejecución en el presente año.