El pasado viernes 18 de marzo, la comunidad Kichwa del Río Piatúa realizó un plantón en el Cantón Santa clara en contra del estado y el Ministerio del ambiente, como una reacción a los que ellos consideran el retorno del proyecto hidroeléctrico Piatúa a su territorio.
Desde PONAKICSC, organización madre de las comunidades kichwa del río Piatúa, rechazan esos eventos que están lejos de ser consultas previas culturalmente adecuadas como mandan la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. El MAATE, en vez de esforzarse por cumplir con los altos estándares de consultas previas, repite la vieja receta de dizque “socializar” decisiones que ya están tomadas. Esto constituiría mala fe hacia las comunidades afectadas por el pretendido proyecto hidroeléctrico Piatúa que han hecho pública su oposición por las amenazas culturales y ambientales del proyecto.
Recuerdan que, en 2018, la empresa Genefran S. A ingresó a territorio kichwa a ejecutar el proyecto hidroeléctrico con autorización del MAATE, sin ningún proceso previo con las comunidades kichwa y colonas en la zona de influencia y en contra de la voluntad de estas. Ese ingreso ilegal e inconstitucional alteró el tejido social de las comunidades y provocó enfrentamientos entre la población. Fue una violación de derechos de las comunidades y familias afectadas, como lo confirmó la justicia constitucional en el juicio que PONAKICSC planteó y ganó.
En reacción al evento que el MAATE ha convocado para el 18 de marzo en el Coliseo de Santa Clara, el pueblo Kichwa del cantón realizó un plantón bajo la consigna Piatúa resiste con respaldo de la CONFENIAE, la Defensoría del Pueblo, la Fundación Río Napo, el Frente de Defensa Río Piatúa, entre otras organizaciones comunitarias, ciudadanas y defensoras de derechos.
Desde ya, anuncian al gobierno nacional y a la empresa interesada que se mantendrán en lucha y resistencia frente al pretendido proyecto hidroeléctrico; así como frente a cualquier otra actividad extractiva y/o destructiva del río Piatúa o sus cuencas. Responsabilizan al gobierno por los daños adicionales a los que ya están sufriendo por razón de ese proyecto en el que, por lo visto, se insiste pese a la oposición de las comunidades y a sus conocidos riesgos.
Piden solidaridad y apoyo contra este nuevo intento por avanzar una decisión estatal que jamás ha sido consultada ni sometida al escrutinio público. Los riesgos de la ejecución de esa hidroeléctrica no son solo para el río, la integridad del ecosistema y la vida de nuestras comunidades. Son riesgos para el planeta y nunca han sido discutidos.