Los dirigentes aseguraron que en el año 2002 la empresa petrolera CGC ingresó ilegal y arbitrariamente al Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku con respaldo militar del estado Ecuatoriano.
En su momento denunciaron que miembros del pueblo fueron capturados y torturados y la empresa colocó más de 1400 kgs de explosivos de alto poder en el territorio, que abarca más de 135.000 hectáreas de selva Amazónica.
Es así que, Sarayaku enfrentó a los militares, al estado Ecuatoriano y la empresa CGC, logrando la salida de la empresa e inició un proceso legal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual resultó en una histórica victoria para el Pueblo Sarayaku en el año 2012, a sentando un precedente a nivel de Ecuador y de América del Sur.
En la administración del expresidente de la República, Rafael Correa, la Corte IDH condenó al Estado Ecuatoriano por violación del derecho a la consulta libre, previa e informada y el derecho a la vida e integridad del Pueblo Sarayaku.
También dictaminó una serie de medidas reparatorias y de no repetición, como el retiro de los explosivos y la realización de la consulta previa libre e informada al Pueblo de Sarayaku, antes de realizar nuevos proyectos en su territorio, las cuales hasta el día de hoy no han sido cumplidas, explicó Miriam Cisneros, presidenta de Sarayaku. En ese sentido, en noviembre de 2019 presentaron una acción en contra del Estado Ecuatoriano ante la Corte Constitucional de Ecuador, exhortando respeto a la sentencia de la Corte IDH y su derecho a la autodeterminación, como Pue