La pandemia prácticamente los ha dejado en la desocupación y sin poder generar los recursos para el sostenimiento de las familias, como también para cumplir con obligaciones de créditos que tienen.
Marco Trávez, representante del transporte escolar e institucional, explica que desde que se suspendieron las clases en marzo del 2020, todos se quedaron sin trabajo, a lo mucho uno o dos han conseguido trabajar en ciertas instituciones.
El problema más grande es que muchos compañeros unos dos meses antes de la pandemia adquirieron nuevas unidades, lo cual se les ha hecho difícil cubrir sus créditos, se les ha pasado oficio a las autoridades como: gobernación, Gobierno Provincial, Municipios, Agencia de Tránsito, Policía, etc. Para que se les colabores en ciertos viajes que tengan, pero nada de esto ha sucedido, inclusive en las elecciones que ha habido no se les ha contratado de manera directa, sino a través del ejército quienes al no contar con unidades les han sub contratado pagándoles lo que ellos han querido.
Por otro lado, señala que en el mes de septiembre se ha conversado con los asambleístas, en el sentido que las busetas pasadas de 12 pasajeros no pueden matricularse al servicio particular, ni tampoco pueden modificarse en el diseño, es decir si el transporte escolar cumple la vida útil prácticamente no puede pasar a ningún servicio a excepción de la chatarrización. Por lo que se ha pedido la derogación del Art. 59 en dónde dice que las unidades pasadas de 12 pasajeros no podrán matricularse al servicio particular sino solo están destinadas al transporte público. Por lo que les interesa que les incluya en el plan de chatarrización para poder por lo menos recuperar una parte de los recursos, caso contrario están condenados a perder su pequeño patrimonio familiar.
Otro de los inconvenientes con el que se enfrentan es la competencia, ya que otras modalidades como los taxis, por ejemplo, que no cuentan con el servicio de puerta a puerta si lo están haciendo, incluso se han dado el trabajo de colocar en su parte lateral “Servicio de puerta a puerta” lo cual no es así. Lo mismo sucede con las operadoras de transporte de turismo que también sin autorización están haciendo la misma cosa, mientras que pelean cuando los escolares quieren hacer un servicio de turismo. Es decir, se sienten acorralados por todos lados.
En la provincia de Pastaza son un total de 50 unidades de transporte escolar, pero apenas una o dos tienen un trabajo institucional y las otras nada.
En el caso del Ministerio de Educación no está contratando a las operadoras, son los padres de familia los que tienen que costear el transporte de sus hijos a las unidades educativas.