Según el abogado Fabián Layedra Hernández, se trata de un grupo de 21 servidores de la salud del hospital general Puyo, que presentaron una acción de protección que fue acogida por la jueza de garantías constitucionales Dra. Laura Cecilia Cabrera López, la cual dispuso a las autoridades de salud y del mismo hospital, que convoquen inmediatamente a concurso público de méritos y oposición y procedan a entregar los nombramientos definitivos a sus defendidos.
Esto se dio, en razón que la Jueza encontró la vulneración de derechos conculcados, ya que no constaban en la lista de beneficiados tanto en la primera lista como en la segunda, negándoles el derecho a la seguridad jurídica y estabilidad laboral que contempla la constitución del Ecuador.
De tal forma que, los servidores de la salud, podrán seguir ocupando sus mismos cargos y puestos de trabajo en los que venían laborando en los últimos meses, sobre todo en el tiempo de pandemia, pero con estabilidad laborar.
El profesional del derecho, señala que las autoridades tienen un plazo de 60 días para el cumplimiento de la sentencia, toda vez que ellos fueron quienes dieron la cara y expusieron sus vidas durante el tiempo de la pandemia para poder ayudar a sus pacientes y lograr sacarlos adelante.
Las autoridades, entre sus argumentos trataban de justiciar señalando que el gobierno no tiene recursos y también por el hecho que ellos, al momento de ser llamados a los concursos a su debido momento, no tenían los nombramientos provisionales, cuando en la verdad la Ley no dice así.
Sucede que, se ha comprobado que hubo una selectividad o privilegios, ya que muchos de los que fueron beneficiados con los nombramientos no llevaban ni cinco meses en sus trabajos, cuando de entre sus defendidos existen personas ya con cinco, seis y más años de trabajo pero que no fueron tomados en cuenta. De la misma forma se benefició a personal administrativo que durante la pandemia más bien se escondieron y no afrontaron la situación, dejando a un lado a quién si se jugó la vida.
También se dio el caso, que en el año anterior dos profesionales fueron notificados en su salida de funciones, pero que también, gracias a su inmediata acción como abogado a la defensa se logró que sean reincorporados a sus puestos de trabajo.
Acotó, que hay otro grupo adicional, que al ver el resultado de estos 21 servidores, que interpusieron la acción de protección, se han acercado también a seguir con el mismo proceso.