Por: Diego Escobar
La contaminación del río Puyo: una responsabilidad compartida, pero sobre todo institucional
El reciente anuncio del Municipio de Pastaza sobre la imposición de sanciones económicas a quienes contaminan el río Puyo representa un avance importante, aunque tardío, en la lucha por la protección de este cuerpo de agua. Durante años, la falta de acción y planificación de la institución municipal ha dejado al río Puyo vulnerable, convirtiéndolo en un símbolo de la apatía institucional y ciudadana frente a la crisis ambiental.
Si bien sancionar a los infractores es un paso positivo, es crucial analizar en profundidad quién lleva la mayor responsabilidad en esta problemática. La contaminación del río Puyo no es un hecho aislado ni reciente; se deriva de un cúmulo de errores sistemáticos, entre ellos:
La inexistencia de un sistema de saneamiento eficiente ha permitido que las aguas residuales sean vertidas directamente en los ríos, agravando la contaminación.
A pesar de los recursos recibidos, el municipio no ha implementado soluciones efectivas para tratar las aguas residuales de la ciudad.
Puyo ha crecido de manera acelerada y sin planificación, destruyendo ecosistemas vitales que garantizarán el abastecimiento de agua en los próximos 100 años.
El relleno sanitario sigue contaminando ríos como el Chilca Yacu, que desemboca en el río Puyo, con desechos hospitalarios y otros residuos tóxicos.
El problema no solo es ambiental, sino también ético. Durante décadas, las administraciones municipales han sido cómplices de esta situación, llegando incluso a emitir ordenanzas que permitían arrojar basura en los lechos de ríos como el Pindo. Los recursos destinados a proyectos de saneamiento y agua potable, que ascienden a millones de dólares, se han diluido sin que existan soluciones reales ni responsables que rindan cuentas.
Si bien los malos hábitos de algunos ciudadanos, como construir a orillas de los ríos o arrojar basura, contribuyen al problema, la mayor responsabilidad recae en el Municipio de Pastaza. Los exalcaldes y sus administraciones no han respondido por la falta de ejecución del Plan Maestro de Alcantarillado ni por el destino de los fondos asignados. El actual alcalde, quien prometió resolver la contaminación en un año o destituir a su director ambiental, también tiene su cuota de responsabilidad en la continuidad de este problema.
Además, las comunidades afectadas, como las kichwas, han sufrido las consecuencias de la contaminación por décadas. Sin embargo, muchas veces no dimensionan el daño recibido ni demandan acciones contundentes para frenar esta crisis.
La solución a esta problemática requiere más que sanciones económicas: exige un cambio profundo en la planificación, gestión y ejecución de proyectos ambientales, así como un compromiso colectivo. Es momento de señalar a los responsables, exigir cuentas y actuar con determinación para detener la contaminación del río Puyo antes de que sea demasiado tarde.