Edwin Mosquera G.
La barbarie en la Asamblea, de un profesional del derecho, joven muchacho que se ha inmiscuido en la política y que por ser afín al gobierno en cierto caso le ha ido medianamente bien, pero que cuando abre su boca claramente se evidencia el declive de conocimientos o simplemente ser un profesional de cartón, como su máximo representante, indica que «en este país, a veces, tener un carné de abogado es tener una licencia para matar», siendo este mismo un abogado, que de su haber no se podría encontrar litigación alguna o peor aún defensa técnica.
Pongamos en contexto las palabras de este sujeto, una licencia para matar es una autorización otorgada por un gobierno o agencia gubernamental a un agente o empleado específico para iniciar el uso de la fuerza letal en el cumplimiento de sus objetivos, en palabras sencillas para aquel ignaro, es el otorgamiento o autorización para el uso de armas o fuerza letal en circunstancias estrictamente específicas en un fin común, es decir, uso de fuerza letal o de armamento.
No saber diferenciar una credencial de un carnet, tu primer error, el primero es un término más formal que alude a los derechos, permisos o autoridad que te otorga dicho documento, es la «prueba» oficial de que tienes una profesión o cargo, mientras que el segundo se refiere específicamente al soporte físico, la tarjeta o documento con tu foto y datos, que te identifica como miembro de una institución, club o te autoriza a realizar una actividad, ósea ni siquiera sabes que porta en tu billetera que acredita a un profesional del Derecho para ejercer la abogacía legalmente en el territorio ecuatoriano.
Los abogados no pueden ser controlados por entes que desconocen el derecho y bajo criterios sesgados meter mecanismos súper severos para quitarle la licencia a los abogados, algo así como lo que hacen en Estados Unidos y a ver desde la perspectiva de la independencia judicial y la defensa legal decir esto es gravísimo usar este tipo de discurso no solo estigmatiza y criminaliza toda una profesión sin sentido, sino que atenta directo contra el derecho a la defensa que tenemos los ciudadanos.
Es simple un abogado aterrorizado por un sistema que lo persigue jamás va a poder defender a nadie de forma efectiva, se corre un tremendo riesgo en la autocensura, lo que se conoce como un efecto escalofriante, esto en la práctica que los defensores por puro miedo a que el estado o el sistema los castigue prefieren quedarse callados se autocensuran y seamos claros aquí si un profesional legal tiene miedo de hacer una crítica legítima o cuestionar una decisión el cliente se queda sin una defensa técnica eficaz y sin ataduras todo el sistema democrático pierde.
El temor no es que los abogados estén inventando fantasmas, es el miedo es 100% real si miramos el texto que se propuso para el artículo 122.1 este artículo plantea que por faltar el respeto a funcionarios judiciales te pueden clavar una multa de dos salarios básicos y agárrense suspenderte de la profesión por hasta 5 años imaginen eso cinco años sin poder trabajar todo por algo tan completamente ambiguo y subjetivo como faltar el respeto piensen en lo acalorado que puede ser un litigio en la corte es una locura dejar un castigo tan grande a la libre interpretación de quien se sienta ofendido.
En la práctica esto funciona como una mordaza perfecta para evitar el escrutinio público sobre las autoridades volvemos al punto anterior cuando desde la asamblea se sueltan frases irresponsables como lo de la licencia para matar lo que se hace en realidad es preparar el terreno discursivo para justificar este tipo de leyes restrictivas que asfixia a la defensa legal, dejando al defensor como un sujeto que calienta el puesto.
Hay que entender, que la defensa a investigados o procesados a los cuales los indicios y evidencian su responsabilidad, no es buscar su inocencia o tratar de engañar al Juzgador a emitir un fallo ilegal, si no se busca la defensa de verificar el cumplimiento del debido proceso, eso no se entiende, no se es cómplice o peor aún parte de la infracción, es una procesión que debe garantizar el cumplimiento de derechos, no presuntos ni supuestos como se están manejando las investigaciones.
Por qué no se habla de las investigaciones fallidas, o los famosos falsos positivos, en donde que se inicia la investigación por una LLAMADA ANÓNIMA, y termina en allanamientos, encarcelamientos de inocentes que después de un proceso judicial son sobreseídos o declarados inocentes, quién responde por el daño moral al buen nombre, los gastos incurridos y el tiempo perdido.
Lamentablemente los creadores de la norma están más perdidos, y no podemos culpar al sistema que cumple las leyes, si no a quienes erróneamente las crean, y esto parte desde quienes son los Padres de la Patria, uno que otro conocido afín al jefe de turno quien aplaude al son de su bandera de color.
La Norma Suprema establece en el Art 76.7 El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor, es decir que se garantiza el derecho a la defensa, amparado en la presunción de inocencia.
El sistema inquisitivo penal de justicia, evolucionó conforme las normas internacionales, de Derechos Humanos, así como las garantías básicas del debido proceso, y no pueden estar sujetas al escrutinio de un par de bobos encajados al mandatario de turno para que una participación de una defensa, sea tildado como cómplice o peor aún si se le imputa una infracción per se está condenado, sin una investigación o peor aún sin una defensa que cuestione todo el procedimiento.
Hay que leer, no por ponerse un traje y pisar la Asamblea se puede tirar mierda con ventilador a todos, y menos aún a una profesión que está ligada a la defensa del derecho primordial del ser humano que es la libertad, en el caso de los investigados y procesados, y la injerencia en el derecho al trabajo del profesional, recuerde Señor Asambleísta, que todos estamos sujetos a ser investigados, y no por qué este del lado inquisidor está a salvo, y más aún cuando todos los días se destapa la farsa, negociados e ilegalidades de este gobierno de cartón, y ahí va a necesitar un abogado que lo defienda, ya que por sus propios medios no va avanzar.