A pocos meses de concluir un período administrativo y cuando el calendario electoral ya marca la cuenta regresiva para el cambio de autoridades, resulta preocupante observar cómo algunos GADs pretenden incrementar su nómina de personal de manera acelerada, comprometiendo recursos públicos que deberían destinarse a obras y servicios para la ciudadanía.
La Constitución es clara al establecer que la administración pública constituye un servicio a la colectividad y debe regirse por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, coordinación, planificación, transparencia y evaluación. En su artículo 227, dispone que toda actuación pública debe orientarse al interés general y al uso responsable de los recursos del Estado. También reza que el ingreso al servicio público se realizará mediante concurso de méritos y oposición, garantizando igualdad de oportunidades y transparencia. No se trata de una facultad discrecional de las autoridades de turno, sino de un mandato constitucional que busca impedir el clientelismo y la utilización política de los cargos públicos.
La LOSEP en su artículo 65, ratifica que el ingreso a un puesto público debe efectuarse mediante concursos de méritos y oposición, evaluando la idoneidad de los aspirantes y garantizando el libre acceso a los cargos públicos. Asimismo, la Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal vigente dispone que todo proceso de selección para puestos amparados por la carrera del servicio público debe realizarse obligatoriamente mediante concursos abiertos y transparentes, utilizando los mecanismos establecidos por el Ministerio del Trabajo.
Por otra parte, el COOTAD reconoce la autonomía de los gobiernos locales, pero esta autonomía jamás puede confundirse con libertad para comprometer irresponsablemente las finanzas institucionales ni para convertir las entidades públicas en espacios de pago de favores políticos.
Hoy más que nunca cobra relevancia la reciente reforma al COOTAD y su reglamentación, que establece la obligación de que los GAD destinen el 70% de sus recursos a inversión y obras para la ciudadanía, limitando el gasto corriente al 30%. Esta medida busca corregir una práctica que durante años ha afectado a numerosos municipios y prefecturas: el crecimiento excesivo de la burocracia en detrimento de la ejecución de obras públicas.
La lógica detrás de esta reforma es sencilla: los ciudadanos eligen autoridades para construir soluciones, no para multiplicar cargos administrativos innecesarios. La prioridad debe ser el agua potable, alcantarillado, vialidad, infraestructura, servicios básicos y proyectos de desarrollo, no el incremento desmedido de la masa salarial.
Por ello resulta cuestionable que, a escasos cinco meses de finalizar una administración y ante la posibilidad real de no ser reelectos, ciertos actores políticos intenten llenar los GAD con personal cuya necesidad institucional no ha sido debidamente justificada. Más allá de la legalidad de cada contratación, existe una responsabilidad ética con los recursos públicos y con las futuras administraciones que deberán asumir estructuras burocráticas sobredimensionadas.
Las instituciones públicas no pueden convertirse en refugios de última hora para compromisos políticos ni en herencias administrativas destinadas a dificultar la gestión de quienes asumirán el mandato ciudadano. La planificación del talento humano debe responder a necesidades técnicas y permanentes, no a coyunturas electorales ni a cálculos partidistas.
Las nuevas reglas exigen austeridad, eficiencia y responsabilidad. Los tiempos en que gran parte del presupuesto se consumía en gasto corriente están llegando a su fin. Las actuales autoridades aún están a tiempo de actuar con responsabilidad. Sin embargo, llegarán nuevas autoridades, con la obligación legal y moral de cumplir la Constitución, la LOSEP, el COOTAD y las nuevas disposiciones presupuestarias. Y si encuentran estructuras sobredimensionadas o decisiones incompatibles con la sostenibilidad institucional, deberán hacer lo que sea necesario para cumplir la ley y garantizar eficiencia y resultados; ¡ya falta poco!
Byron Jonás Naranjo Cando, B.A., MSc. –POLITÓLOGO y MÁSTER EN GOBIERNOS SECCIONALES Miembro de la AECIP – Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política. Miembro de la Asociación Americana de Administración Pública – The City University of New York:CUNY.