En la mañana de este martes 23 de junio de 2026, representantes y moradores del barrio Nuevo Puyo ofrecieron declaraciones públicas ante medios de comunicación locales, expresando su rechazo al proyecto de construcción de una clínica veterinaria y albergue canino en un sector cercano a su zona, dentro de la parroquia Tarqui, y denunciando que el Gobierno Municipal de Pastaza no ha entregado la documentación ni detalles técnicos que han solicitado formalmente.
Según dijeron, llevan mucho tiempo solicitando la información: “Desde hace tres semanas pedimos oficialmente al Municipio copia de los planos, estudios de impacto ambiental, ubicación exacta, capacidad de alojamiento y medidas de bioseguridad de este proyecto, y hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta ni explicación clara”, manifestó Carmita Orellana.
Agregó: “No estamos en contra del cuidado animal, pero tenemos derecho a saber qué se va a construir a pocos metros de nuestras viviendas y escuela. Esta negativa a informar genera desconfianza y nos impide analizar si la obra es segura para todos”.
Los vecinos expusieron sus principales preocupaciones, vinculadas también a la alerta sanitaria difundida este mismo día sobre enfermedades contagiosas en canes:
– Riesgo sanitario: Temen propagación de virus como parvovirus, moquillo o rabia, ya que el albergue concentrará animales, muchos de ellos enfermos o en situación de calle, sin garantías de aislamiento ni control de residuos biológicos.
– Protección del agua: No cuentan con sistema de alcantarillado, por lo que alertan por contaminación de aguas residuales y desechos orgánicos.
– Molestias constantes: Aumento de ruidos por ladridos, malos olores y presencia de moscas y roedores que afectarían la calidad de vida y salud de los niños y adultos mayores.
– Ordenamiento territorial: Consideran que el uso de suelo no corresponde a zona residencial, sin cumplir con las distancias reglamentarias establecidas en la normativa sanitaria vigente.
“Exigimos al alcalde Germán Flores Meza y a las direcciones correspondientes que detengan cualquier movimiento de obra hasta que se realice una asamblea pública, se entregue toda la información técnica y se consulte realmente a la comunidad afectada”, puntualizó la moradora. “Si se demuestra que el proyecto es seguro y está bien ubicado, lo apoyaremos; pero no se puede imponer sin diálogo ni datos”.