Para el asambleísta por Pastaza Raúl Tello, el cinismo se ha apoderado de nuestro país, ya que cuando el presidente de la República Lenin Moreno habló de los proyectos de Ley de Ayuda Humanitaria y de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, decía que el que más tiene más debe pagar. Pero ya en la práctica y como fueron aprobadas en segundo debate, no se permitirá ninguna tributación.
Se supone que, si una ley era humanitaria, estaba dirigida para salvar a los más pobres y que el que más tiene más paga, gremios de trabajadores y sectores sociales lo plantearon de ese modo. Es por eso que Tello planteó en su momento, que las empresas que generen utilidades por un millón 3, 5 y 10 millones de dólares paguen un impuesto del 5%; 7,5%; 10% y 15% como, por ejemplo: Corporación La Favorita, Banco de Guayaquil, grupo Eljuri, que tienen utilidades superiores a los 100 millones de dólares.
Así mismo, planteo un impuesto para quienes tienen dinero en paraísos fiscales, pero como los banqueros tienen asambleístas y el gobierno tiene vínculos con esos grupos de poder que financiaron su campaña política, no dieron paso a esas propuestas, por lo que cuestionó: ¿Ahora resulta que rebajar el sueldo de los trabajadores es salvar vidas?? ¿¿Qué vida van a salvar con eso?? “Cuando se reduzca el salario básico a 220 dólares, sin pago de horas extra, lo que hicieron es aprovecharse del dolor de los ecuatorianos para que pase una ley que perjudica a los trabajadores”, añadió.
En lo que respecta a la Ley de Ordenamiento a las Finanzas Públicas, sostuvo que “de manera mañosa”, tienen el objetivo de meterle la mano a la seguridad social del país, recursos que no son del gobierno sino de los afiliados, ya que se podrá utilizar los recursos de la seguridad social como garantía para la deuda externa, es decir, habrá mayor endeudamiento público.
Cree que, para la banca privada, la existencia del BIESS, perjudica sus intereses y es por eso, que con esta ley se determina que dicha entidad, ante situaciones emergentes, pueda vender sus activos. Es decir, se abre camino a la privatización del BIESS y con eso los afiliados tendrán que obligatoriamente acudir a la banca privada para acceder a créditos.
Ambas leyes, ya fueron enviadas al presidente de la República quien podrá vetarlas total o parcialmente.
De ser aprobadas, demandará la inconstitucionalidad ante la corte constitucional, incluso sectores y gremios de trabajadores se han pronunciado de esa manera, enfatizó Tello.