El pasado 29 de julio de 2021, circuló en un perfil de Facebook una información en la que se involucra a varios ciudadanos como: Alfredo Cajamarca, Danny Espín, Katty Sánchez, Oswaldo Zúñiga alcalde del Cantón Pastaza y Carlos Zavala presidente del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Región Amazónica, como involucrados en un acto de corrupción en el que se favorece con un contrato mediante sus amarres a un consorcio de su conveniencia y poniendo candado a otros oferentes para que entren en el proceso de calificación, terminando con una recomendación a que no se permita que se roben los recursos del pueblo.
En virtud de ello, Cajamarca, sintiéndose aludido, dijo que ha iniciado una demanda en la Fiscalía de Pastaza a fin de que se investigue y se identifique a la persona que con el nombre de Jorge Muñoz y se condene por daños y perjuicios a quiénes han faltado a la honra ajena.
Acotó que no es posible que haya personas que se escudan detrás de una cuenta falsa para determinar falsedades en contra de los hombres de bien que se han dedicado a servir a la sociedad, por lo que se les debe castigar con el máximo rigor de la ley, determinado responsabilidades a las personas que están utilizando estas redes sociales para que hacer daño.
Si bien es cierto, actualmente se desempeña como asesor del alcalde Oswaldo Zúñiga, y que talvez será por eso que les despierta cierta envidia por lo que se lo involucra en estas falsedades; pero que en años anteriores se desempeño como alcalde del Cantón Mera y que no registra ninguna observación por parte de la Contraloría General del Estado, por lo cual pertenece a una familia de bien, cuyo nombre no puede ser mancillado así por así.
Además, como abogado y profesional del derecho, conoce muy bien del procedimiento legal y lo que tiene que hacer para poder sentar un precedente en contra de quienes se dedican a esta mala actividad de hacer memes escudándose en perfiles falsos para hacer quedar mal a las personas y las instituciones.
El código integral penal, establece que un atentado contra la dignidad de las personas y una vez que la Fiscalía determine un apremio se puede dar con una pena de dos a tres años, que es verdad que debería ser más drástico porque no es posible que se afecte a la calidad moral de las personas de bien y no descansará hasta que se reconozca responsabilidades en contra de quienes se dedican a esta actividad ilícita.
Su petición es que la Fiscalía asigne un perito para este trabajo en redes sociales ya que mucho daño se está haciendo con este tipo de contenidos que le afectan y que muchas veces se hace difícil de soportar.