Fueron dos semanas meteóricas en las que escombros y material pétreo llenaron las carreteras de acceso a la provincia de Napo; esta medida la tomaron principalmente los habitantes de Archidona, debido a la posibilidad de la construcción de la cárcel de máxima seguridad en esta ciudad.
Con un presupuesto de $ 51,97 millones de dólares, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) adjudicó la construcción de la nueva cárcel en Archidona, hecho que conmocionó a la población que vive cerca del sitio en donde se iba a iniciar la construcción del proyecto.
La “resistencia” a la que ellos se acogieron como un derecho de pueblos y nacionalidades, la protesta era el único recurso que les quedó y lograron un importante avance para su negativa frente al proceso que llevaba en marcha la SNAI.
Después de 15 días, entre negociaciones fallidas y varios momentos de tensión, el Ministerio de Gobierno del Ecuador anunció que tres GAD´s solicitaron el proyecto para sus cantones.
El alcalde de Salinas, Dennis Córdova, ofreció a su cantón como sede de la cárcel tras las protestas en el cantón Archidona. Esta opción para el Gobierno Nacional se estaría negociando frente a un nuevo panorama desconcertante en este cantón, en el que sus pobladores anunciaron medidas de hecho, debido a la falta de socialización de esta propuesta que surgió.
Por otro lado, en el cantón Archidona, la población decidió abrir las carreteras y seguir con las actividades que estuvieron interrumpidas para el transporte, servicios de combustible y traslado de productos de primera necesidad, esto tan solo a la espera de que el proceso de Compras Públicas quede insubsistente, respecto a la adjudicación del proyecto de la megacárcel.
Además de la condición de que en 48 horas el gobierno debía cambiar de gobernador, otras también fueron las puntualizaciones en las que las organizaciones indígenas lideradas por la CONAIE, exhortaron al Gobierno Nacional en el sentido de que se atienda a las provincias amazónicas en el mantenimiento de las carreteras estatales en dichas jurisdicciones.