El pasado domingo 28 de noviembre, los integrantes de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional junto a varios actores sociales, se reunieron en la ciudad de Puyo, con la finalidad de hacer una revisión a la Ley Amazónica, para medir los reales impactos de esta Ley en la región.
La reunión que se realizó en el Centro de Difusión Cultural del Municipio de Pastaza, tuvo muy buena acogida por parte de la ciudadanía que contó con la presencia de diferentes autoridades y representantes de los sectores organizados que se hallan interesados en buscar mejores oportunidades para esta región.
La Ley Amazónica aplica desde el 2018 en sustitución de la anterior más conocida como Ley 0,10, por lo que los asambleístas miembros de la comisión están evaluado en qué medida se ha cumplido, con el propósito también de cumplir con los procesos de fiscalización tanto a los funcionarios de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica CTEA o a las autoridades seccionales, toda vez que se tratan de fondos fiscales, ya que la región debe ser la primera beneficiada de los recursos del petróleo, señaló el asambleísta Efrén Calapucha.
Para cumplir con el objetivo se realizaron varias mesas de trabajo, como por ejemplo la mesa de empleo y contratación pública, presidida por la empresaria turística Alexandra Zambrano, quién recomendó que debe haber sanciones para el ente rector en caso de incumplimiento de las empresas públicas y privadas que no cumplan con la ley y la inclusión de miembros de las nacionalidades en la oferta laborar de todas las instituciones públicas y privadas que están dentro de la Ley.
La mesa de las Universidades estuvo presidida por Marco Andino, quién recalcó que sin educación no hay desarrollo, por lo cual es esencial la modificación del porcentaje destinado a las Universidades para la educación de los jóvenes y para fomentar la investigación e implementación de laboratorios.
La mesa de fondo de desarrollo sostenible, recomendó que se exija al Gobierno Nacional el pago de los valores adeudados a los gobiernos seccionales que afecta directamente al desarrollo de las comunidades más pobres. Así también recomiendan la reforma a la Ley Amazónica para buscar que el cálculo sea de 4.90 pro cada barril de petróleo comercializado.
La mesa del fondo común, presidida por Henry Moreno, recomendó que debe haber más transparencia para poder evidenciar el destino de los recursos, su inversión y los adjudicadores de los contratos, para los recursos sean bien invertidos. Así también la diversificación del fondo común hacía los diferentes sectores que no han sido tomados en cuenta.