POR: Byron Jonás Naranjo Cando
El uso de los recursos públicos para la promoción personal y política de las autoridades se ha convertido en una práctica tan común que muchos ciudadanos la asumen como normal. Sin embargo, cuando un gobierno local o nacional utiliza el dinero del Estado para publicitar las obras públicas como si fueran un regalo personal, se desvirtúa por completo el sentido de la administración pública. Las obras de infraestructura y los servicios no le pertenecen al gobernante de turno, sino al pueblo que los financia con sus impuestos.
Esta distorsión alcanza su punto más crítico cuando el aparato comunicacional del Estado se transforma en un «Estado de propaganda». En este escenario, la maquinaria pública deja de informar de manera objetiva sobre la gestión y pasa a operar como una agencia de relaciones públicas al servicio de una figura o de un partido. Peor aún es cuando estos mismos fondos se desvían de forma directa o indirecta para atacar, descalificar y perseguir a los adversarios políticos en plena campaña electoral, rompiendo la neutralidad y la equidad que deben garantizar las instituciones.
Es fundamental llamar a las cosas por su nombre: malgastar los fondos públicos en autopromoción y en campañas de desprestigio es, sin ambigüedades, una forma de corrupción. La corrupción no se limita únicamente al soborno o a la apropiación ilegal de dinero para el beneficio privado. Utilizar el patrimonio de todos los ciudadanos para obtener una ventaja política indebida, asegurar la permanencia en el poder o destruir la reputación de un rival es una malversación flagrante de los recursos estatales y un abuso de poder.
Cuando el presupuesto que debería destinarse a hospitales, escuelas, seguridad o infraestructura vial se diluye en vallas publicitarias, videos de propaganda y pautas digitales engañosas, la sociedad entera sufre las consecuencias. Cada moneda invertida en inflar el ego de un funcionario o en financiar la guerra sucia electoral es un recurso que se le arrebata al bienestar colectivo. Tolerarlo significa validar que los gobernantes usen el esfuerzo de los contribuyentes para beneficio propio.
La consolidación democrática exige poner fin a esta impunidad comunicacional. Ningún gobierno, bajo ningún concepto, debe tener la libertad de financiar su propaganda con el bolsillo de los ciudadanos. Legislar con firmeza para prohibir la publicidad oficial de obras e impedir que el dinero público intervenga en las contiendas electorales no es solo una necesidad administrativa, sino un deber ético indispensable para limpiar nuestras instituciones y devolver el respeto a la voluntad popular.