La justicia indígena en Ecuador es un sistema legal propio de los pueblos y nacionalidades indígenas, que coexiste con la justicia ordinaria y se basa en el derecho consuetudinario y las tradiciones ancestrales de cada comunidad. Reconocida constitucionalmente, se ejerce por autoridades propias en su propio territorio y lengua, buscando la reintegración y la armonía comunal a través de procedimientos y sanciones que pueden incluir la restauración del daño y la participación de la comunidad, con el respeto de los derechos humanos como límite fundamental.
La Constitución de la República de 2008 reconoce la existencia de la jurisdicción indígena como parte del pluralismo jurídico del Estado ecuatoriano. Las autoridades indígenas tienen la facultad de ejercer funciones jurisdiccionales, con la garantía de participación y decisión de las mujeres.
La Comuna Ancestral San Jacinto del Pindo, de la provincia de Pastaza, una vez que ha obtenido su personería jurídica, ha adquirido también la base legal para ejercer funciones jurisdiccionales para aplicar la justicia en su territorio de acuerdo a sus costumbres ancestrales con la finalidad de mantener la armonía y la buena convivencia entre sus pobladores.
Milton Vargas, presidente de la Comuna San Jacinto del Pindo, nos explica que, como Consejo de Gobierno, ya están asumiendo la responsabilidad sobre la declinación de competencias por parte de la Fiscalía para poner en práctica la aplicación de la justicia indígena para resolver los problemas internos dentro de su ámbito territorial y jurisdiccional.
Es decir que, desde ahora, todos los problemas que pasen dentro del territorio de la Cona San Jacinto, tendrán que ser resueltos a nivel interno por el propio consejo de gobierno para resolver y llegar a acuerdos. En este caso la máxima autoridad recae sobre su persona como presidente. En este sentido, las personas ya no tendrán que acudir con sus denuncias ni a la Fiscalía ni al Consejo de la Judicatura para resolver sus conflictos sino al Consejo de Gobierno.
Esto se aplica para todos los conflictos, ya en el caso de delitos graves que no se pueda resolver dentro de su ámbito jurisdiccional, como es el caso de desaparición forzada que requiera ya un proceso de investigación y muertes, se tendrá que abocar conocimiento y pasar a la justicia ordinaria.
Por ejemplo, un accidente de tránsito ocurrido en días anteriores dentro del territorio de la Comuna San Jacinto, pese a que llegó la policía y las autoridades correspondientes, se tuvo que intervenir y señalar que eso es competencia del Consejo de Gobierno quien tiene que resolver y así se procedió, se hizo la citación, se instaló la audiencia, se llegó a acuerdos entre las partes y se arregló el problema y así en otros casos similares. Lo importante es que la población acata sin ningún inconveniente.