Mediante comunicado, nueve organizaciones unidas anunciaron que se movilizarán hacia Quito este jueves 18 de julio para exigir a la Corte Constitucional que emita, de forma prioritaria y urgente, jurisprudencia vinculante sobre el rechazo al consentimiento libre, previo e informado en el caso constitucional Nro. 1296-19-JP. La petición responde a una amenaza latente en los territorios: la posibilidad de una nueva licitación petrolera cuyos impactos recaería sobre las comunidades que son parte de este caso constitucional, así como sobre las nacionalidades que firmamos este pronunciamiento.
El caso involucra la victoria constitucional de 16 comunidades waorani de Pastaza en contra del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, el Ministerio del Ambiente (MAE) y la Procuraduría General del Estado. Este caso fue seleccionado en 2020 por la Corte Constitucional para desarrollar estándares “sobre la consulta previa, libre e informada en situaciones en las que todavía no ha comenzado el proceso extractivo que afectaría a comunidades de reciente contacto”2. El pasado 5 de julio todas las organizaciones firmantes solicitamos a la Corte ser recibidos y escuchados el próximo 18 de julio como garantía del diálogo intercultural entre autoridades, de acuerdo con el principio de equidad y el derecho a la igualdad material.
Por lo tanto, exigen a la Corte Constitucional de Ecuador que dé trámite de forma prioritaria y urgente el caso Nro. 1296-19-JP, seleccionado por esta dependencia para el desarrollo de jurisprudencia vinculante sobre consentimiento, idoneidad y pertinencia cultural, plazo razonable, estado plurinacional e intercultural y salvaguardas para reforzar la protección de los pueblos de reciente contacto.
Exigen al Ejecutivo respetar y no seguir violando nuestros derechos colectivos, recordando que el carácter PREVIO de cualquier plan o proyecto que afecte nuestra vida y territorio, constituye una garantía del derecho al consentimiento y autodeterminación de nuestros pueblos y comunidades.
Llaman a las organizaciones sociales que enfrentan casos de violación de derechos que se unan a esta exigencia. También solicitamos a los organismos internacionales que tomen medidas sobre este problema, sancionando cualquier acción que viole nuestros derechos como pueblos y nacionalidades indígenas, de acuerdo con las leyes internacionales que nos protegen como el Convenio 169 de la OIT entre otros. Esto con el afán de evitar que este gobierno o el siguiente siga vulnerando derechos adquiridos con nuestras luchas verán ceñirse a los estándares normativos y jurisprudenciales de los ámbitos nacional e internacional de derechos humanos de los pueblos indígenas.