La Comuna Morete Cocha rechaza los actos de violencia ocurridos el pasado 23 de junio en contra de la comunidad Morete 2 y responsabiliza a Federico Inmunda y sus cómplices de cualquier acto violento que pudiera ocurrir en el trascurso de estos días. Asimismo, pone en conocimiento público lo siguiente:
“La Comuna Morete Cocha está ubicado en la Parroquia de Sarayaku, Cantón y Provincia de Pastaza. La Comuna está integrada por nueve comunidades de la Nacionalidad Kichwa y abarca un territorio integral de 31.370,40 hectáreas. Su visión y cosmovisión se basa en la Sumak Kawsay y la convivencia pacífica entre los ayllus.
El día 23 de junio del presente año, la “Nueva Comunidad Morete 2” de la comuna Morete Cocha asentada en las riberas del río Villano fue invadida e incendiada por Federico Inmunda y un grupo de personas de la comunidad de Santa Cecilia. Estas personas ingresaron a la comunidad alrededor de las 9:30am, aprovecharon la situación de movilización de nuestro movimiento indígena para agredir a nuestra gente. Entre ellas niños, mujeres y adultos mayores. Las personas agredieron, amenazaron, destruyeron y robaron los bienes de la comunidad.
Frente a los actos antes descrito, la Comuna Morete Cocha considera que el camino para la solución de un conflicto no es la violencia, más aún, considerando que se trata de un conflicto entre hermanos y hermanas indígenas que estábamos en proceso de dialogo desde hace algunos meses atrás. Por ello, con la única intención de que se investiguen los hechos y se determine la responsabilidad de las personas involucradas en los daños causados en la comunidad Morete 2, decidimos que sea las autoridades quienes investiguen y determinen la responsabilidad de los actos cometidos el 23 de junio del 2022.
También queremos manifestar que la Comuna Morete Cocha está abierta a todos los canales de dialogo y rechaza cualquier acto violento que se realice en contra de un socio de la Comuna. Por eso, hacemos un llamado URGENTE a las estructuras del movimiento indígena, a fiscalía general del Estado, a la Defensoría del Pueblo, a la Gobernación de Pastaza, a Organismos de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales para que de inmediato se pongan en alerta frente a esta situación que ponen en riesgo directa la supervivencia de nuestro pueblo.
Asimismo, invocamos a los líderes y lideresas de la comunidad de Santa Cecilia a tomar acciones y sanciones en contra de las personas que están generando estos actos de violencia entre ambas comunidades. Ya que, no podemos permitir que sean unas cuantas personas las que provoquen el conflicto entre comunidades hermanas que desde tiempos ancestrales hemos convivido y luchado juntos frente al atropello de nuestros derechos”.