El debate generado tras la denuncia presentada contra el prefecto de Morona Santiago por presunta violación expone una realidad más profunda y dolorosa: en Ecuador persiste una cultura que responsabiliza a las mujeres de la violencia que sufren y protege a quienes la ejercen. En este caso particular, los cuestionamientos no giran alrededor de los hechos, sino sobre la conducta de la víctima, como si consumir alcohol anulara la dignidad, el consentimiento o los derechos de una mujer.
Esto es resultado de la normalización del machismo en espacios políticos e institucionales, pues es un secreto a voces que, en muchas instituciones públicas, las mujeres deben soportar insinuaciones, comentarios sexuales o invitaciones incómodas con el fin de acceder o mantenerse en un cargo. Con el tiempo, estas prácticas legitiman la idea de que ciertos hombres con poder pueden disponer del cuerpo de las mujeres a su antojo, como si fueran parte de los privilegios que acompañan a la autoridad.
Hace pocas semanas circuló en redes sociales una denuncia anónima sobre presuntas situaciones similares en la Prefectura de Pastaza y hasta ahora no se conoce una denuncia formal, quizá porque denunciar implica arriesgar el trabajo, la estabilidad económica y la reputación. Por eso, aunque muchas personas conozcan estas prácticas, prefieren el silencio.
Mientras la sociedad siga normalizando estas relaciones desiguales de poder, seguirán existiendo autoridades que creen que un cargo público también les otorga acceso sobre el cuerpo, el tiempo y la dignidad de las mujeres. Guardar silencio frente a estas prácticas no protege la institucionalidad; perpetúa la impunidad.
Por: Paola Cisneros