En esta ocasión los operativos se centraron en los establecimientos de categoría 4 es decir restaurantes, en dos sectores estratégicos de la ciudad de Puyo: Centro de la Cuidad y Terminal Terrestre.
El jueves 6 de junio, Yomira Villafuerte, Intendente General de Policía y Samantha Vaca, Comisaria Nacional de Policía del cantón Pastaza, en coordinación con la Policía Nacional, realizaron el operativo interinstitucional de Condiciones Higiénicas Sanitarias a establecimientos de categoría 4, en el centro de la ciudad, especialmente a los locales ubicados entre las calles 27 de Febrero y 9 de Octubre, a la altura de la plazoleta México, donde se procedió a la clausura de un local, por no encontrarse con los documentos en regla.
La Intendente explicó que ya se había socializado con los propietarios de los establecimientos en días anteriores sobre la necesidad de cumplir con todas las normativas, dándoles un plazo de quince días para que puedan regularizarse, algunos sí lo hicieron, pero otros no, por lo que lamentablemente la Comisaria Nacional procedió a la Clausura de un establecimiento.
El día viernes en cambio fue más fuerte, Yomira Villafuerte, en coordinación con Mario Palacios, coordinador zonal 3 de Arcsa – Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, Flor María Reinoso, Comisaria Zonal de ARCSA, Policía Nacional del Ecuador y Samantha Vaca, Comisaria Nacional de Policía del cantón Pastaza, acompañados de personal policial de la Subzona Pastaza, realizaron el operativo interinstitucional de Condiciones Higiénicas Sanitarias a establecimientos de categoría 4, ubicados en el sector del Terminal Terrestre.
Lamentablemente se pudo evidenciar varias novedades, que obligó a las autoridades a tomar procedimiento de manera inmediata.
Novedades:
– Presencia de plagas (Cucarachas)
– Contaminación Cruzada.
– Mala manipulación de alimentos.
– Sin permisos de ARCSA.
Como resultado de este operativo se cumplió con la clausura de un total de 5 establecimientos de esta categoría por atentar contra la salud pública por parte de ARCSA.
Los perjudicados tienen un plazo de diez días para mejorar sus condiciones de trabajo y contar con los documentos en regla para poder activarse nuevamente.