De los derechos colectivos en Ecuador, muchas agrupaciones proambiente coinciden, en que en la provincia de Napo no se cumple con este requisito para la intervención de personas extrañas a territorios soberanos y de nacionalidades originarias.
“Por lo que sea, los gobiernos seccionales deberían tener veedurías y hacer cumplir los derechos de la gente en el campo, miles de familias desconocen de esto, quizá es por esta razón por la que los mineros los conquistan con plata y luego ocurren semejantes daños contra la naturaleza”, indicó Juan Omenawe, miembro activo de la comunidad Waorani que busca se respeten los derechos de la naturaleza en Napo y en su territorio ancestral.
Desde hace treinta años en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola la minería ha tenido un protagonismo notario del que la mayor parte de la gente que habita en esta ciudad cuenta, no es de para desestimar, muchos testimonios han revelado a una próspera ciudad de hace veinte años con ríos caudalosos y limpios, sin embargo, hace menos de 15 años la situación se fue desorganizando y los ríos empezaron a teñirse de lodo y de combustibles, siendo el Jatun Yaku el principal remanente que ha recibido durante estas tres décadas la basura de una minería que escala sin precedentes.
“La lucha por la vida continua en Napo”, es la consigna de un pueblo que no muere y no miente, manifiestan los extranjeros, propios y vecinos de los ríos afectados por la minería local en Tena y Arosemena Tola; para ellos existe una destrucción irreversible y nunca antes vista en la provincia de los grandes ríos.
El 11 de septiembre del 2024 las Organizaciones Sociales de Napo Defensoras de los Derechos Humanos y de la Naturaleza ratificaron su compromiso de defensa y exhortaron a las Organizaciones de Naciones Unidas para enviar una comisión que investigue toda la masacre que viven varios territorios de Napo, piden, documentar la vulneración sistemática de los derechos humanos a causa de la minería.
La petición se sustenta, según ellos, en las acciones de defensa del territorio de las organizaciones, incluyendo la sentencia de Acción de Protección No. 15571-2021-00685, en la que ellos son partícipes.
Aunque esperan esperanzados el que Naciones Unidas intervengan, el paso de la minería no se detiene en la región, es imparable.
Denuncias a diario se leen en redes sociales, delitos ambientales ocurren cada minuto en más de un centenar de puntos en los que las comunidades tan solo ven y reciben dinero.
Todo este sistema es la ecuación de que el dinero puede más, y quien no desea vender sus propiedades a los mineros deben atenerse a las consecuencias, ya que, en la mayoría de los casos, las concesiones atraviesan sus terrenos irremediablemente, este es el caso de la familia colona Chamorro, quienes fueron amenazados en Río Blanco, y tan solo les tocó aceptar lo desastroso.
Nuestro medio de comunicación ha investigado estos casos con mucha prudencia y reserva el nombre de las personas que testifican el drama que están pasando, sin embargo, el caso de la familia Chamorro ha sido expuesta por propia voluntad, ellos quieren que se conozca que en Ecuador y específicamente en la provincia de Napo no existe el respeto por los derechos de la humanidad, ni mucho menos por los de la naturaleza, temen por su vida y esperan que los pedidos de auxilio sean atendidos por las organizaciones internacionales, según ellos, en el país los mineros juegan sucio y obedecen a grandes mafias las cuales amedrentan para quedarse en el país y la región por muchos años más.